- Cuando ha transcurrido poco más de diez meses del inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, el MP no cesa en su afán de perseguir a miembros del Movimiento Semilla: El turno es de Félix Alvarado.
El Ministerio Público (MP) continúa con su ofensiva judicial contra figuras Movimiento Semilla, tras haber allanado este domingo la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.
Según reportes oficiales, la acción estuvo encabezada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y se justificó en el marco de investigaciones relacionadas con supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los escuetos informes del MP.
Alvarado, quien fungió como titular del Ministerio de Comunicaciones y renunció la semana anterior al cargo por diferencias con el exmandatario en la forma de dirigir la cartera, «se puso en el radar del MP desde que dejó el cargo, pues perdió su inmunidad», dijo una fuente del MP que pidió guardar el anonimato por temor a represalias
Fuentes cercanas al exfuncionario señalaron que las acusaciones en su contra no tienen fundamentos sólidos y que esta acción forma parte de una estrategia de persecución política y de acoso, la cual se ha mantenido de parte del MP contra miembros de Semilla desde los resultados de la primera vuelta electoral en 2023 y se han intensificado desde el triunfo de Arévalo en la segunda vuelta.
Antecedentes de hostigamiento judicial
El allanamiento a la casa de Alvarado se suma a una serie de acciones legales emprendidas por el MP contra personas vinculadas a SEMILLA. Entre las más agresivas fue la captura, también por el supuesto delito de lavado de dinero y financiamiento electoral no declarado de la exdiputada Ligia Hernández, quien fue encarcelada y presionada para aceptar cargos, lo que sucedió también la semana anterior.
Además, se han dado una serie de citaciones e investigaciones a otros funcionarios del Gobierno y personeros del partido, mientras la fiscalía se niega a investigar los más de cien casos de corrupción que ha denunciado al MP la administración de Arévalo.
Estas acciones, lo mismo que el acoso judicial al que se somete al periodista José Rubén Zamora, han sido ampliamente cuestionadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes señalan que el sistema judicial guatemalteco está siendo utilizado como herramienta para socavar la democracia y la libertad política.
La persecución judicial no solo se limita a figuras de alto perfil como Alvarado, sino que ha alcanzado a dirigentes locales y simpatizantes de SEMILLA. En varias ocasiones, la Fiscalía ha presentado casos basados en testimonios débiles o pruebas que han sido cuestionadas por los abogados defensores, alimentando las sospechas de que estas acciones tienen un trasfondo político más que legal.
El contexto político y la reacción pública
Desde su llegada al poder, Bernardo Arévalo y su administración han enfrentado un constante asedio institucional. Las acciones del MP, liderado por Consuelo Porras, han sido señaladas como un intento por deslegitimar al partido Semilla, que se encuentra judicialmente suspendido por resolución del juez Fredy Orellana, el mismo que la FECI utiliza para obtener órdenes de captura y de allanamiento, sin la debida justificación.
Diversos sectores de la sociedad guatemalteca, incluidos analistas políticos y organizaciones civiles, han expresado su preocupación por el creciente deterioro del Estado de derecho. En redes sociales y medios de comunicación se ha denunciado que las acciones del MP responden más a intereses de grupos de poder que buscan mantener el control político y económico del país.
El impacto en la lucha contra la corrupción
La comunidad internacional ha manifestado su inquietud por la escalada de estas acciones judiciales. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han llamado la atención sobre el uso indebido del sistema de justicia para perseguir a actores políticos, periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
De todo esto, quien guarda un cómplice silencio es el Procurador de los Derechos Humanos, institución que no ha emitido ni una sola vez opinión al respecto.
Este contexto ha generado tensiones en la relación entre el gobierno de Arévalo y las instituciones del sistema de justicia, dificultando los esfuerzos por promover una agenda de transparencia y combate a la corrupción. Una de las promesas de campaña de Arévalo fue que pediría la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, quien se negó a hacerlo, a pesar de ser señalada por más de 27 países como una funcionaria «corrupta y antidemocrática».
La lucha continúa
Mientras el MP refuerza sus operativos contra Semilla y el gobierno de Arévalo en general, el movimiento sigue abogando por defender su legitimidad en un ambiente político hostil. Este acoso del sistema político contra el Gobierno y el partido político representa un desafío crucial para el futuro democrático de Guatemala.