- Elección de jueces en Bolivia mediante voto preocupa a observadores internacionales, que denunciaron ante la CIDH que la falta de independencia judicial ha minado la institucionalidad democrática del país.
Voz de América
Tomás Guevara
WASHINGTON — Los bolivianos elegirán el 15 de diciembre por votación a los jueces y magistrados del poder judicial en un entorno de “crisis interna”, «falta de independencia» y apatía ciudadana ante un proceso cargado de partidismo político, de acuerdo con observadores citados este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuellar, dijo a la CIDH que en el país sudamericano el vínculo entre la institucionalidad democrática y la independencia judicial «se ha ido deteriorando” hasta derivar a un estado “grave”.
Destacó que el conflicto actual de dos facciones del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) complica aún más la situación. El expresidente Evo Morales está enfrentado al actual mandatario Luis Arce, y le pide su renuncia, en medio de tensiones por haberse cerrado judicialmente la posibilidad de que el ex jefe de Estado se postule de nuevo al cargo en las elecciones del próximo año.
“El abuso de poder, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las crisis electorales y la conflictividad social son situaciones que en su momento fueron agravadas significativamente por acciones u omisiones del sistema judicial”, apuntó Cuellar ante la CIDH.
Este lunes, los partidos políticos y las autoridades del Órgano Electoral alcanzaron un acuerdo que comprometió a las fuerzas políticas a garantizar las elecciones de magistrados, que estaban en riesgo tras impugnaciones legales de los postulantes. Con el acuerdo, se ratificó la fecha original de elecciones para el 15 de diciembre.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró desiertas las elecciones para jueces de dos de los cuatro tribunales, en cinco de los nueve departamentos, por impugnaciones de los postulantes que quedaron fuera de carrera. Eso saltó las alarmas del Órgano Electoral y presionó a alcanzar un acuerdo político para destrabar el bloqueo.
Elecciones ratificadas
Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ven como un punto crítico la “injerencia de los poderes políticos” y, en particular, del ejecutivo, describiéndola como una “práctica constante que ha debilitado la independencia judicial” y, peor aún, ha profundizado la pérdida de confianza y credibilidad entre la ciudadanía en Bolivia.
Alertan asimismo que las “intimidaciones directas contra jueces y fiscales”, sobre todo en casos donde hay acusados señalados de opositores al gobierno y fiscales del Ministerio Público con prácticas discrecionales, “vulneran los principios de objetividad y transparencia” que demanda la ley.
“En este contexto, la justicia queda instrumentalizada con fines políticos, donde se observan patrones de persecución política a través del uso indebido del derecho penal”, acotó Cuellar, por su parte.
Otro punto destacado durante la audiencia en la CIDH fue la extensión del mandato por un año más a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, al no poderse realizar elecciones el año pasado y bajo los riesgos de que la cita a las urnas para el 15 de diciembre no pueda cumplirse.
Causas que aceleran la crisis
El exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera, explicó a la CIDH que existen otros múltiples factores que contribuyen a la crisis del sistema judicial del país, que van desde el bajo presupuesto, que no representa ni el 1 % del presupuesto nacional, y otra serie de medidas que se dieron con el cambio de la Constitución de 2009.
Una de ellas fue la “suspensión de la carrera judicial institucionalizada”, que dejó a los jueces en condición de provisionalidad, afectando su estabilidad económica y su independencia, de acuerdo con el exmagistrado.
“La justicia boliviana carece de independencia necesaria para operar de manera efectiva y confiable en el cumplimiento de su rol, que es la racionalización del ejercicio del poder político, que es la protección y resguardo del régimen democrático”, apuntó Rivera.
Bajo este panorama, los demandantes coincidieron que el llamado a votación en diciembre no cumple con los estándares de calidad por un “desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal”.
Prima en este proceso, según los expertos, la alta polarización “y falta de credibilidad de candidatos”, como han mostrado las dos últimas elecciones, donde, subrayaron, “han priorizado intereses políticos favoreciendo a candidatos con conexiones partidarias” y se ha contribuido al rechazo ciudadano y una baja participación y gran parte de votos nulos.
“Todo ello mientras las prácticas clientelistas y el proselitismo al interior del Órgano Judicial perpetúan la proliferación de redes de corrupción y debilitamiento institucional”, dijo Rivera.
Los demandantes han solicitado a la CIDH que aumente su observancia y que se abran canales conjuntos para despolitizar el sistema judicial del país, bajar la represión de jueces y fiscales y devolverle la credibilidad a la aplicación de justicia en la nación suramericana.
Oficialismo acepta críticas pero se desliga
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aceptó las críticas, calificándolas de “comprensibles”. El diplomático participó en la audiencia junto a la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes.
Arce aseguró que Bolivia “enfrenta desafíos significativos en la administración del sistema judicial, las críticas y preocupaciones sobre la postergación de elecciones judiciales son absolutamente legítimas y comprensibles».
Sin embargo, desligó al ejecutivo del presidente Luis Arce de muchas de las decisiones polémicas y retrasos en fallas en el sistema judicial, pues algunas, dijo, han pasado por el Tribunal Constitucional y otras por la Asamblea Legislativa.
Agregó que el gobierno de MAS heredó un sistema judicial que durante décadas “ha sido objeto de politización y corrupción, dificultando la consolidación de una independencia judicial” de pleno derecho.
”La crisis actual no surgió de manera espontánea”, dijo el embajador, agregando que la misma implementación del voto popular ha tenido traspiés por la negativa de la oposición para hacerla viable y que se ha convertido en “el principal escollo para el actual proceso electoral”, según sus palabras.
Consideró que debe ser la Asamblea Legislativa de Bolivia la que debió elegir las ternas, siguiendo estándares de calidad de candidatos y los “parámetros internacionales interamericanos establecidos para este tipo de procesos”.
“En innumerables ocasiones, no han observado correctamente los procedimientos. En otros, ha enumerado los derechos de los postulantes”, manifestó, reprochando además la inclusión de ternas por afiliaciones, “alejándose de la meritocracia» y la igualdad de género.
Elecciones retrasadas por luchas de poder
El proceso de elección de jueces y magistrados se ha pospuesto dos veces, con la esperanza de poder realizarlos este 15 de diciembre, para cuando se confía que haya concluido la inestabilidad social interna en el país.
Los relatores de la CIDH han insistido en cuestionar al gobierno de Arce si existen o no discusiones para revisar la posibilidad de una modificación constitucional que ayude a desatrancar la crisis judicial de Bolivia.
Los demandantes dijeron este lunes que los bolivianos están “atrapados” entre dos bandos del mismo partido mayoritario en conflicto y dudan que haya cambios ante la falta de representación suficiente de la oposición en la Asamblea Legislativa de su país.
Bolivia experimenta estos días la inestabilidad con bloqueos en amplias regiones del país de parte de simpatizantes del expresidente Morales y sus enfrentamientos violentos con las autoridades, como la toma de bases militares, además con una crisis económica que afecta al pueblo.
En días recientes, las fuerzas del Estado boliviano han despejado carreteras tomadas por los seguidores de Morales tras semanas de bloqueo.
El expresidente indígena ha llamado a entablar mesas de diálogo para abordar la “crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”.
(Con información de The Associated Press)