- El Relator para la Libertad de Expresión exige a las autoridades judiciales que se cumpla con los estándares internacionales en el caso del periodista José Rubén Zamora, preso desde julio de 2022.
Washington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante reportes sobre retrasos en los procesos penales contra el periodista José Rubén Zamora, detenido desde julio de 2022, así como por la permanencia de su prisión preventiva, a la vez que urge a las autoridades judiciales guatemaltecas «a actuar con celeridad, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales en debido proceso y libertad de expresión».
José Rubén Zamora, fundador y director del desaparecido diaro El Periódico, fue detenido el 29 de julio de 2022 y enfrenta tres procesos penales por presuntos delitos de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados, aunque en todos los casos, las autoridades judiciales y el Ministerio Público llevan a cabo acciones para retardar los juicios e impedir que el periodista recobre su libertad.
En la actualidad, el periodista permanece en prisión preventiva debido al segundo proceso por obstrucción a la justicia. Según registros públicos, la audiencia para decidir si será sometido a juicio en este caso ha sido reprogramada en al menos siete ocasiones, sin que se haya fijado una nueva fecha para su celebración.
Por otro lado, en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero, se conoció que el 15 de mayo de 2024, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal del Organismo Judicial de Guatemala concedió al periodista José Rubén Zamora la prisión domiciliaria. En su resolución, el tribunal destacó que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional, de acuerdo con los estándares internacionales.
Las condiciones de la prisión domiciliaria incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente ante el Ministerio Público, restricciones en la comunicación con otros implicados y el pago de 30 mil quetzales (más de 3,800 dólares). El 26 de agosto, el Tribunal reafirmó esta decisión, tras la revocación de su fallo inicial por parte de la Sala Segunda de Apelaciones de Ramo Penal el 12 de junio pasado.
En dicho proceso, la Relatoría Especial también tuvo conocimiento de que la Corte de Apelaciones anuló la condena de 6 años por lavado de dinero en octubre de 2023, ordenando un nuevo juicio. La audiencia de casación, que establecerá los términos de esta repetición, se ha aplazado hasta el 23 de septiembre de 2025.
A inicios de mayo de 2024, el relator Pedro Vaca alertó sobre la permanencia de la prisión preventiva del periodista José Rubén Zamora y solicitó al Estado informes periódicos sobre: (i) los motivos por los que se mantiene la restricción de la libertad del periodista José Rubén Zamora; (ii) cómo se satisfacen las condiciones de razonabilidad del plazo, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia; (iii) la razón judicialmente establecida por la que no existiría una alternativa menos lesiva para garantizar el avance de los procesos penales; y (iv) cuándo se realizará una revisión de la medida de prisión preventiva y se dictará una sentencia definitiva en cada uno de los procesos criminales que se siguen en su contra. El Estado de Guatemala proporcionó únicamente información general sobre el estado procesal de los casos penales y los cargos abiertos en su contra, además de las condiciones de su detención.
Frente a los hechos expuestos, la RELE enfatiza que la privación preventiva de libertad, como medida cautelar y no punitiva, debe ser excepcional y respetar los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La CIDH ha sostenido que los Estados deben asegurar que toda detención esté justificada según estándares internacionales y revisar periódicamente las razones para su aplicación, y si el plazo de la prisión preventiva ha excedido los límites legales o razonables.
El caso de Zamora ha estado plagado de irregularidades desde su inicio. Luego en el primero de los juicios se le negó la posibilidad de presentar pruebas de descargo y todos sus equipos de abogados fueron acosados, perseguido y algunos de sus defensores encarcelados, hasta quedar únicamente en manos de la defensa pública, hasta que Abogados sin Fronteras de Canadá dispuso financiar un nuevo equipo de abogados.
Asimismo, durante su reciente visita a Guatemala, la CIDH y la RELE recibieron alegaciones sobre períodos de tiempo en que José Rubén Zamora habría sido detenido en condiciones inhumanas. También se alegó graves afectaciones al debido proceso, incluyendo el uso prolongado de la prisión preventiva, hostigamiento a sus abogados, restricciones al derecho de defensa y aplazamientos injustificados en sus procesos.
Además, en sus observaciones preliminares a la visita, la CIDH destacó la opinión 7/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que concluyó que la detención del periodista José Rubén Zamora carece de base legal, es resultado de su ejercicio de la libertad de expresión, no cumple con normas internacionales de juicio imparcial y es discriminatoria por motivos de opinión política. El Grupo de Trabajo determinó que el remedio adecuado es liberar al periodista de inmediato y otorgarle el derecho a una indemnización y reparaciones según el derecho internacional.
Para la Relatoría, tras más de 800 días privado de la libertad, la información aportada por el Estado sobre la vigencia de la prisión preventiva de José Rubén Zamora es insuficiente.
La Relatoría Especial aún no ha recibido información sobre las razones que justifican mantener su restricción de libertad ni sobre la revisión de las medidas vigentes. Por ello, la RELE pide al Estado agendar inmediatamente las audiencias respectivas asegurando que en ellas se tomen determinaciones con respecto a la vigencia de la prisión preventiva. Además, urge a las autoridades judiciales de Guatemala a actuar con diligencia en los procesos penales, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales sobre debido proceso y libertad de expresión.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.