| El escenario político se torna cada vez más confrontativo. Por una parte, los sectores opositores al Gobierno que, a pesar de no estar graníticamente unidos, forman una entente que sigue asestando golpes al Gobierno Central; y por otra, sectores llamados democráticos o progresistas mantienen la defensa del presidente, aunque ya no con la contundencia e incondicionalidad de los primeros días. |
Entre las noticias relevantes de la semana pasada destacó la amenaza de los empresarios del transporte pesado al gobierno de Arévalo, por el estado de la infraestructura vial y la lentitud de las reparaciones. Al iniciar esta semana, se desistió del paro, pero cada vez más, estos golpes, aunque se resuelvan, dejan su huella. Está claro que la acción fue eminentemente política, pues la intención real es seguir debilitando a un ya alicaído presidente de la República por parte de sectores empresariales insatisfechos porque ahora, supuestamente, ya no se dan las prácticas del pasado.
También destacan otras noticias como la destitución del director del Consejo Nacional de Adopciones, debido a una investigación periodística y no por acción interna del propio gobierno, a pesar de contar con una Comisión Presidencial contra la Corrupción que, por cierto, sigue inoperante. El recién nombrado director del Instituto de la Defensa Pública Penal, Carlos Sandoval, también llamó la atención, pues diversos sectores sociales apuntan a una posible relación del mismo con el llamado “Pacto de Corruptos”. También fueron cuestionados los nombramientos del secretario y subsecretario de Conamigua, con acusaciones de organizaciones sociales sobre la falta de idoneidad de estos.
Un evento que abona al desgaste presidencial fue la conferencia de prensa en la que el mandatario reconoció la validez de un audio filtrado por la exministra del MICIVI, indicando que el criterio para pagar a las empresas constructoras se basó en un listado proporcionado por él. Para incrementar la polémica, luego se conoció que, en el entuerto, estuvo involucrado Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.
En el plano internacional, algunos “soberanistas” han calificado la llegada de la misión de la OEA como intervención extranjera, mientras el gobierno defiende la necesidad de contar con observadores que garanticen la transparencia en el proceso de elección de cortes.
Una noticia que en otras condiciones hubiera despertado gran expectación, es la extradición del exministro de Comunicaciones Luis Rabbé; sin embargo, hay consenso en el imaginario público que todo fue previamente arreglado, que no será condenado y saldrá libre pronto. Por cierto, preocupante ya que la población acepta como un hecho anticipado la falta de justicia.
El escenario político se torna cada vez más confrontativo. Por una parte, los sectores opositores al gobierno que, a pesar de no estar graníticamente unidos, forman una entente que sigue asestando golpes al Gobierno Central; y por otra, sectores llamados democráticos o progresistas mantienen la defensa del presidente, aunque ya no con la contundencia e incondicionalidad de los primeros días. Sectores como los de Pueblos Indígenas han fijado una postura firme, no solo en el apoyo a Bernardo Arévalo, sino a la transparencia e idoneidad que debe haber en el proceso de elección de cortes.
El Gobierno Central tuvo otro atasco que mina su credibilidad, debido al anuncio hecho para habilitar el kilómetro 44 de la carretera Palín-Escuintla el jueves 8 de agosto; al día de hoy, el paso es parcial y no en condiciones óptimas y fuera del plazo ofrecido. Posteriormente se aclaró que no podían resolver pues la obligada a reparar y entregar era la empresa MARHNOS. Nuevamente, los problemas de comunicación de la presidencia evidencian una falencia estratégica que les está saliendo demasiado cara.
En el Congreso, se refuerzan los problemas a lo interno de las bancadas de oposición, destacando la expulsión de los diputados del partido VIVA: Evelyn Morataya y Gustavo Cruz; así como la vergonzosa pelea física del expresidente del Congreso y hoy diputado de VAMOS con el parlamentario Luis Aguirre, jefe de la bancada CABAL. A esto, debe agregarse el estrepitoso fracaso, nuevamente, de la interpelación del ministro de Gobernación, a iniciativa de la diputada Sandra Jovel; lo cual demuestra la falta de unidad de la oposición.
En el sector justicia, toda la atención está puesta en la dinámica de las comisiones de postulación, las cuales siguen en un impasse, pues no se termina de definir la sede en la que deben desarrollar su trabajo. Tanto la misión de la OEA como los presidentes de las dos comisiones (CSJ y Salas de Apelaciones) han sido enfáticos sobre el peligro que representa el atraso existente, lo cual se verá reflejado en la posible extensión del plazo fijado, repitiendo la historia de la anterior Corte Suprema de Justicia.
La polarización entre el Gobierno Central y el resto de la institucionalidad pública se mantendrá, con énfasis en la pugna del Presidente y la Fiscal, en el marco de un escenario en donde la Corte de Constitucionalidad y el Congreso, también son adversos. La negociación ya encaminada por obtener Q14 mil millones de readecuación presupuestaria, rindió sus frutos la noche del martes 13 (paradigmática fecha), no sabemos a qué costo, pues los truhanes de la novena no levantan la mano por bagatelas. La interpelación del ministro de Gobernación vuelve a caerse pero esa salvada inicial no es ninguna victoria porque la misma continúa y deberán seguir negociando, ya sabemos cómo. Lo mismo pasa con la gestión para la modificación de la Ley para poder defenestrar a la señora Porras.
La Bancada Semilla continúa como paria en el Congreso y todo su accionar depende de “aliados” ocasionales y temporales, lo que anula su efectividad y reduce su nivel de incidencia. El pulso por la elección de Cortes, más la agenda ya existente del presupuesto 2025 y la nueva junta directiva, seguirán concentrando la atención y negociación parlamentaria. Está claro que la oposición se mantendrá fragmentada por lo que surge la oportunidad para el mandatario de negociar por separado, ya no con bancadas, sino con diputados en particular.
El problema del mandatario es la carencia de operadores de alto nivel (animales políticos que les llaman), pues José Carlos Sanabria en el Congreso, no tiene la talla de otros como Mario Taracena y Oliverio García Rodas, para citar solo un par de ejemplos. Esto trae como consecuencia que la negociación la deba ejercer directamente el presidente, ya que las otras personas con poder y confianza de él (Lucrecia Peinado y Glenda Tager) tampoco tienen un alto perfil, competencias específicas y campo para negociar en nombre del mandatario. Por su parte, la falencia comunicacional del gobierno sigue su curso, pues el cambio reciente no ha dado buenos resultados.
Algunos podrán alegar la necesidad de mantener la esperanza, pues como dicen algunos diputados de Semilla en redes: “se vienen cositas”; aunque hablando en serio, debemos decir que la presión de los organismos internacionales no bastará para incidir internamente, pues la correlación de fuerzas se mantiene totalmente en contra de Arévalo. Sin ir muy lejos, el martes 13 el MP ejerció la orden captura en contra de Ligia Hernández. El desgaste continuará y las pocas y débiles acciones gubernamentales y congresiles, no darán para mucho.
Estoy claro que, aún con todas sus falencias, no apoyar al actual gobierno puede ser letal en términos de futuro ciudadano. Ahora bien, dejo una pregunta que ahora se torna crucial: En una potencial convocatoria del presidente, ¿cuál sería la respuesta real, cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía para apoyarlo?
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