- La causa de que la corrupción se haya desbocado en Guatemala, es porque goza de la protección de un manto de impunidad casi absoluto.
La corrupción es como un pulpo al que cada vez le salen más tentáculos si tiene como aliada a la impunidad. Ese ha sido el caso de Guatemala, en donde el monstruo cobró gran fuerza a partir del 3 de septiembre de 2019, cuando la CICIG fue prácticamente expulsada del país por el presidente Jimmy Morales. La gran pregunta ahora es: ¿Se puede retomar, de alguna manera, la lucha anticorrupción?
Análisis de Crónica
Lo prometido es deuda, reza el refrán popular.
Durante la campaña electoral, sobre todo después de la primera vuelta, el candidato Bernardo Arévalo repitió una y mil veces ¡vamos a terminar con la corrupción! El pueblo respondió con el voto abrumador y más de 2.4 millones de guatemaltecos le impulsaron a la presidencia de la República.
En los días subsiguientes al 14 de enero, en cada entrevista a medios nacionales y extranjeros, Arévalo reiteraba su promesa. En conversación con Fernando del Rincón (CNN en español), fijó su posición: el compromiso nuestro contra la corrupción es fundamental. Pero además es fundamental porque entendemos que si no combatimos a la corrupción nunca vamos a lograr el desarrollo que necesita el país. El combate a la corrupción es lo más urgente.
Desde el momento de asumir el cargo, el presidente sabe que el reto no es fácil. Sabe que sus enemigos son poderosos y que los tentáculos de la corrupción aprietan prácticamente en todas las instituciones del Estado, algo que no era secreto en el país.
En una primera demostración de sus intenciones, Arévalo nombra una Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), liderada por un joven abogado, Santiago Palomo, quien abandono un prometedor trabajo en un bufete de Nueva York, para aportar su cuota en la esperada cruzada anticorrupción, aunque sin un pasado con experiencia para tremenda tarea.
El balance de las fuerzas
Tras la expulsión de la CICIG, los sucesivos gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, se encargaron de construir un marco impresionante de impunidad, cooptando las cortes, el Ministerio Público (MP) y algunos jueces, al tiempo que se lanzaba una gran ofensiva en contra de quienes habían participado o apoyado, de una u otra manera, la labor de aquella Comisión, creada de común acuerdo por la ONU y el gobierno de Oscar Berger.
En los últimos tres años de Giammattei se consolidó la llamada alianza oficialista, integrada –además de las fuerzas ya mencionadas– por la mayoría de partidos políticos representados en el Congreso, algunos empresarios, militares, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), las autoridades de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y todas instituciones clave dentro del sistema de justicia.
En resumen, una poderosa amalgama de personas e instituciones que, juntas, cierran un muro de impunidad difícil de abatir, como ahora lo está comprobando el propio Arévalo.
Para hacer frente a ese poderoso monstruo de mil tentáculos, el gobernante cuenta con el respaldo de amplios sectores de la población, las organizaciones indígenas ancestrales y, sobre todo, la comunidad internacional –Estados Unidos, Europa y Canadá, principalmente–. Es fácil comprender que se trata de una batalla, o mejor dicho guerra, nada fácil de ganar.
Muchos analistas ven que la intención de Arévalo es buena, pero consideran que deberá mostrar una voluntad política implacable y utilizar todos los recursos a su alcance para salir bien librado. De lo contrario, la promesa de campaña podría quedar solamente en eso… en una promesa más de campaña que queda sin cumplirse.
Tarea impostergable… pero complicada
Palomo declaró en una entrevista al grupo de investigación sobre temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, InsigthCrime, lo siguiente: Hemos sido gobernados por cleptócratas y por personas que han visto en el Estado un medio para satisfacer sus intereses económicos. Además, no hemos tenido una estrategia nacional anticorrupción eficaz que aborde las causas profundas de la corrupción.
Pero la CNC no ha despertado demasiadas expectativas entre los analistas, que han visto como organismos como este poco pueden lograr si no hay posibilidad de unificar a todas las instituciones para que participen en la cruzada.
En ese sentido el primer obstáculo que se enfrenta es la fiscal general, Consuelo Porras, quien no solo se niega a renunciar al cargo pese a la presión en su contra, sino que, además, se ha convertido en el principal baluarte para oponerse y enfrentar cualquier esfuerzo para resquebrajar la impunidad, principal soporte para proteger a los corruptos.
Los expertos en lucha anticorrupción saben que hay muchas formas de combatir el mal, pero no ven demasiadas expectativas si el ente que tiene el monopolio de la persecución penal, no se encuentra alineado en la dirección correcta. Es decir, no es mucho lo que se puede lograr si el MP no abre procesos en los casos que se le denuncian, como ha sucedido hasta la fecha.
El comisionado Palomo anunció que se están revisando más de 1,400 contratos de obras públicas que muestran anomalías, pero sin una fiscalía que persiga los hallazgos que se encuentren, su efecto puede quedar en lo mediático.
El mandato de Porras termina hasta mayo de 2026, lo que supondría que, de no lograrse su destitución por vías legales, la auténtica batalla anticorrupción podría verse detenida o debilitada y luego quedaría poco tiempo para poder cumplir a cabalidad con aquella promesa que ilusionó a tantos.
Los retos a la vista
Esta lucha anticorrupción tiene que atravesar un campo minado y el listado de cosas importantes en el corto plazo es larga, aunque hay algunas que destacan:
- El paso primordial está en recuperar el MP. Sin eso, todas las demás batallas pueden complicarse o, eventualmente, perderse también.
- Lograr una elección transparente de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vuelva la independencia al Organismo Judicial.
- Promover cambios en instituciones del sector justicia, como INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal y otras.
- Lograr que la CC se distancie –al menos algo– de la corriente del grupo pro impunidad.
- Transmitir a todos los funcionarios de la nueva administración los valores de la transparencia y castigar los abusos que se puedan estar dando o se darán.
- Lograr que haya al menos equilibrio de poderes en el Congreso de la República, en dónde se está perdiendo otra batalla, por el momento.
De comisión en comisión
Las comisiones de transparencia o anticorrupción no son nuevas en Guatemala. La primera la tuvo bajo sus órdenes Roxana Baldetti. Luego, Giammattei le cambió de nombre, pero en la práctica fue lo mismo: una figura decorativa –máscara– para intentar vender una imagen que no existía. De hecho, ambas terminaron siendo cómplices de la corrupción y la impunidad en el país. En las dos hubo un absoluto incumplimiento de deberes.
Palomo reconoce la dimensión del desafío que debe enfrentar: Va a ser un reto crear una dinámica anticorrupción que sea eficaz y produzca resultados. Vamos a presentar una iniciativa de protección de los informantes en las próximas semanas. Uno de los objetivos para este año es conseguir que el Congreso apruebe una ley que ayude en la lucha anticorrupción, explica el nuevo funcionario.
Siguiendo en la línea de la promesa básica de Arévalo, el comisionado asegura que queremos sentar un precedente de que la corrupción no se tolerará, pero está por verse hasta dónde puedan llegar la buenas intenciones y falta ver la determinación de la voluntad política que exista.
El respaldo internacional
Cuando la fiscal general Consuelo Porras lanzó al fiscal Rafael Curruchiche detrásdel proceso electoral, el partido Semilla y el binomio presidencial –Arévalo y Karin Herrera–, la comunidad internacional advirtió sobre el peligro que corría la democracia guatemalteca. De las palabras se pasó a la acción.
La ridícula justificación que se esgrimió, es asegurar, sin pruebas por ningún lado, que hubo fraude electoral en las elecciones de 2023. Ni todo el empeño de las fuerzas oscurantistas logró el cometido.
No se hicieron esperar las sanciones en contra los fiscales mencionados y los jueces como Fredy Orellana y Jimi Bremer, así como en contra de unas 300 personas –diputados y funcionarios– vinculadas con estas acciones, bajo el calificativo de corruptos y antidemocráticos.
Aunque no se logró doblegar del todo al movimiento, por aquel entonces oficialista, el peso de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Canadá, impidieron que se concretara lo que en su momento se llamó golpe de estado judicial, por medio del cual se pretendía impedir que Arévalo y Herrera asumieran el 14 de enero.
Tras el cambio de gobierno, aquella fuerza, ahora opositora, estrechó filas detrás de la figura de la fiscal general, quién en abierto desafío a las nuevas autoridades de Gobierno, se ubicó abiertamente como su opositora y abanderada de las fuerzas que en su momento construyeron la estructura de impunidad que persiste.
Esto explica los viajes del mandatario a Europa y Washington, en los que obtuvo la garantía de que el apoyo no solo continúa, sino que la meta sigue siendo la misma: encontrar la fórmula para terminar con la impunidad y entonces actuar con fuerza contra los corruptos. Es decir, apoyo total para la guerra que se libra.
La cohesión del soporte internacional se mantiene granítico. Fuentes diplomáticas vinculadas a embajadas de los mencionados países o grupos, consultadas para el presente análisis, aseguran que puede haber más sanciones en el futuro, de ser necesario, aunque no anticipan nombre ni el nivel de la sanción.
El otro factor a favor de la lucha anticorrupción es la fuerza popular que respaldó durante la batalla por la democracia a Arévalo. El movimiento indígena y popular está a la espera de lo que pueda suceder, aunque los analistas dicen que se puede debilitar paulatinamente, en la medida en que no se vean avances de parte del sector oficial.
El escenario está montado. Las fuerzas de uno y otro bando están claramente definidas. Las acciones que se vayan dando y el tiempo serán lo que marquen el resultado final. Si se pierde la batalla, el costo será que las condiciones del país no cambiarán y los males sociales persistirán, deteniendo el desarrollo real del país.