- Un diputado que aspira a la presidencia de Venezuela pidió aclarar si la líder opositora María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Opositores señalan que la inhabilitación política es un mecanismo del gobierno para sacar del juego a candidatos.
Voz de América
Carolina Alcalde
CARACAS — Un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) pidió el lunes aclarar si la líder opositora María Corina Machado, que según las encuestas lídera la intención de voto en la primaria de la oposición, está inhabilitada o no para ejercer cargos públicos.
José Brito, miembro de la Comisión de Contraloría de la AN, de mayoría oficialista, y aspirante a la presidencia, solicitó la aclaración a la Contraloría General de la República (CGR).
La oposición espera definir en su primaria, pactada para el 22 de octubre, al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024.
En 2015, Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año, pero la medida finalizó en julio del 2016.
Recientemente la dirigente opositora negó que esté inhabilitada y aseguró que la medida fue utilizada por el gobierno para “evitar” su postulación en las elecciones parlamentarias de 2015.
Brito es un parlamentario que fue expulsado del partido Primero Justicia (PJ) a finales del 2019, tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la AN para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano considera un diplomático.
Brito fue sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU en el 2020, señalado de actuar para “socavar la democracia”.
La mayoría de la oposición considera a Brito como aliado del chavismo.
Denuncian que inhabilitación es un mecanismo para «sacar del juego» a opositores
Horas antes el lunes, Luis Ratti, un político que sectores de la oposición asocian al gobierno de Nicolás Maduro y que inició acciones legales para inhabilitar a varios candidatos opositores, anunció que se produjeron avances en la solicitud ante la CGR contra varios líderes opositores, entre ellos Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Ratti, que en 2016 fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, un movimiento afín al gobierno de Maduro, y en 2018 se postuló como candidato presidencial independiente, introdujo en mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un amparo constitucional contra el proceso de primaria presidencial de la oposición.
La oposición y distintas organizaciones, entre ellas Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país, han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
Entre 2015 y 2022 la CGR inhabilitó a 1.401 funcionarios y ex funcionarios públicos, según Acceso a la Justicia.
Enderson Sequera, politólogo de la Universidad de Carabobo y director estratégico de la consultora Politiks, advirtió que el chavismo podría utilizar las inhabilitaciones como una herramienta para “neutralizar” la primaria y llevar a la oposición a elegir un candidato por consenso.
La Comisión Nacional de Primaria (CNdP) no impidió a dirigentes políticos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso y ha aclarado que, en caso de que llegase triunfar uno de los candidatos inhabilitados, corresponderá a los partidos definir el “mecanismo a utilizar”, lo que podría implicar un proceso de negociación producto de la presión en caso de que la elección primaria resulte un éxito.
Henrique Capriles, uno de los precandidatos presidenciales, en 2017 fue inhabilitado por 15 años.
Otro aspirante en esa situación es Freddy Superlano, un político que ganó la gobernación del estado Barinas en las elecciones regionales de 2021, pero que tras un fallo judicial que argumentaba que estaba inhabilitado, tuvo que repetirse. Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo en ese entonces que la inhabilitación “era desconocida” por el organismo.
Para Andrés Velásquez, uno de los 14 candidatos que participará en las primarias, la semana inició “llena de acechanzas” contra el proceso, y señaló «un desesperado intento por detener la designación ciudadana del liderazgo que va a derrotar a la dictadura».
César Pérez Vivas, otro de los candidatos, ratificó que la “lucha continúa”, en medio de las acciones para solicitar la inhabilitación política de los opositores.
La Iniciativa Democrática de España y Las Américas (Idea), un foro internacional no gubernamental integrado por 37 ex jefes de Estado y Gobierno, advirtió el fin de semana sobre intentos para “frustrar” la primaria que califica como una alternativa electoral de “resistencia pacífica y democrática”.
“Destacamos el hostigamiento contra quienes son aspirantes a participar de la elección primaria autogestionada por la Comisión Nacional, que van desde las amenazas a la integridad personal y la libertad de tránsito hasta la persecución y el ataque sistemático y vejatorio desde los medios de comunicación oficiales”, precisa una declaración firmada por 28 ex presidentes iberoamericanos.
El sábado, tras una prórroga de 24 horas, la CNdP, ente rector de la elección opositora, culminó el proceso de postulación de candidatos.