- La Relatoría de Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia sobre la investigación que se pretende hacer contra periodistas por el caso de elPeriódico y José Rubén Zamora.
Mientras el juez Jimmy Bremer sigue sin notificar lo conducente contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico, a quienes el MP pretende impedir que escriban sobre casos judiciales, la Relatoría de Libertad de Prensa de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado al Estado de Guatemala a no actuar penalmente en contra de periodistas por el ejercicio de su derecho.
El caso ha cobrado notoriedad y ha provocado reacciones censurando la acción judicial del MP y del propio juez, quienes actuando en contra de lo establecido por la Constitución de Guatemala, actuaron en contra de periodistas, entre ellos, el director de Crónica y columnista de elPeriódico, Gonzalo Marroquín Godoy, así como en contra de la directora del diario, Julia Corado y varios reporteros, algunos de los cuáles ya no laboran para ese medio de comunicación.
Entre las reacciones en contra del Estado de Guatemala se pueden mencionar la del departamento de Estado de los Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Defensa de los Periodistas (CPJ), y la ONU.
Este es el mensaje de la Relatoría, dado a conocer este día en Washington[
El Estado de Guatemala ha enfocado todos los esfuerzos del sistema de justicia para procesar al periodista José Rubén Zamora por los delitos de lavado de dinero y chantaje. Entre los métodos utilizados para lograr un juicio sin que tenga posibilidades de defensa el periodista, se ha actuado penalmente en contra de sus abogados, se ha intimidado a los testigos propuestos y a los periodistas.
El MP actúa también en contra del candidato presidencial Edmond Mulet (Cabal), porque interpuso una demanda en contra del juez Bremer, quien habría incurrido en prevaricato ar hacer una resolución abiertamente ilegal, sabiendo que la la Constitución establece claramente que no constituye delito ningún señalamiento que periodistas puedan hacer en contra de funcionarios públicos en el ejercicio de su deber.
Incluso el MP pretende no solo que se levante la inmunidad a Mulet, sino que se le prohiba participar en las elecciones generales del 25 de junio.