- Juez guatemalteco Carlos Ruano expone su testimonio en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Ex operadores y funcionarios de justicia de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, entre otros países, advirtieron ante la CIDH sobre “las presiones” que enfrenta el sector justicia en la región, algo sin precedentes en los últimos 30 años de convivencia democrática en la región.
Voz de América
WASHINGTON — El control cada vez mayor del aparato político en los países centroamericanos sobre el sector justicia ha llegado a un punto “crítico”, dijeron este jueves un grupo de jueces de la región que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el acoso y «criminalización constante» que debilitan la independencia judicial en los países del istmo.
Los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras y hasta Costa Rica surgieron como ejemplos de la injerencia política –en diferentes escalas- en las instituciones de justicia.
![Jueces explicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su situación en Centroamérica. [Foto: captura de pantalla transmisión web]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-ffc5-08db20f34a2f_w1023_r1_s.png)
“Denuncio ante ustedes la extrema gravedad en la que operadores de justicia que conocimos casos de corrupción, violación a los derechos humanos y crimen organizado nos encontramos en Guatemala”, dijo en nombre de los funcionarios de justicia perseguidos de ese país, el juez Carlos Ruano.
El funcionario judicial recordó a la Comisión que cerca de 25 jueces y fiscales del país se han visto empujados al exilio para “salvaguardar su vida e integridad” al participar junto a otros funcionarios de la región en una audiencia del 186 periodo de sesiones de la CIDH, celebrada en Los Ángeles, California.
Mientras Ruano participaba en el foro, en su país sigue en curso una petición del Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras que ha pedido quitar la inmunidad al juez. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde el 9 de febrero para despojarlo del fuero, pero la Corte de Constitucionalidad emitió este jueves, una sentencia con la que otorga 48 horas a la CSJ para justificar la decisión de despojar al magistrado que podría ser encausado penalmente.
“La criminalización en contra de abogados y fiscales y jueces que se destacaron en cumplir su trabajo en contra de la corrupción e impunidad se sigue agudizando, lo anterior es una muestra de graves retrocesos y el uso indebido del proceso penal, se persigue a operadores de justicia con base a denuncias espurias en venganza por resoluciones judiciales”, dijo el juez de Sentencia Penal, Carlos Ruano.
“La criminalización en contra de abogados y fiscales y jueces que se destacaron en cumplir su trabajo en contra de la corrupción e impunidad se sigue agudizando»
Juez Carlos Ruano
El Salvador y la “denigración del sistema judicial”
Al abordar la situación de El Salvador, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco (2009-2018) expuso sobre la acelerada “destrucción” de la independencia judicial del país, que se agudizó -a su criterio- con la destitución de los magistrados del Supremo y el Fiscal General de la República el 1 de mayo de 2021, en una acción avalada desde el Ejecutivo de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa de control oficialista.
“En El Salvador la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la república y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia», conformada por los magistrados de confianza del poder en turno, ahondó.
Luego vino el desmoronamiento institucional –dijo Blanco- con cambios a la ley judicial, que terminó con su carrera de 25 años como juez al legislarse el despido de los jueces por cumplir 60 años.
«Los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente, a ser despedidos, traslados arbitrariamente o cesados arbitrariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser visto en compañía de colegas valientes que continúan desafiando al poder político que aplasta y destruye el estado de derecho”, opinó.
En Honduras, otros matices
La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras también sentó postura en la audiencia ante la Comisión al señalar “la persecución” contra jueces que ventilan casos emblemáticos de corrupción o crimen organizado.
Esta asociación lleva un registro de 77 despidos entre jueces y funcionarios de carrera judicial, que responden a la constante “ingerencia del poder político en la carrera judicial”, y que permite incluso trastocar las tablas salariales. Pero sobre todo advirtieron “nos preocupa los constantes ataques y campañas de desprestigio contra los jueces”.
Costa Rica pide ayuda
La jueza Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura y a la vez titular de la Federación Latinoamericana de Magistrados, dijo en la audiencia que incluso Costa Rica que por años figuró como el país avanzado, hoy ha entrado en un proceso de deterioro por lo que llamó a la Comisión a poner atención antes de llegar a un proceso “tan grave” como el resto de países centroamericanos.
“Puedo afirmar que estamos en un punto de quiebre, en que la tendencia puede fortalecerse como el resto de países centroamericanos”, dijo la jueza Adriana Orocú.
El llamado a la CIDH es para abordar «las amenazas severas» y comunes que atentan contra la independencia judicial, en temas de la movilidad del cargo, falta de presupuesto, procesos de acusación de altas cortes «así como la grave criminalización y ataques a la libertad y a la integridad de jueces y juezas”.
Los comisionados de la CIDH y la presidenta de la audiencia Esmeralda Arosemena coincidieron que el tema de justicia es “trascendental” puesto que sólo con los sistemas judiciales y operadores independientes de justicia que se garantiza el estado de derecho y la protección de la garantías fundamentales.
La comisión pidió a los magistrados enviar documentación en diferentes temáticas para acelerar visitas y actualizar algunas normativas que puedan ayudar a resolver la problemática.
Los gobiernos de la región en diferentes momentos han negado que haya persecusión contra los operadores de justicia y adjudican las investigaciones en curso a casos bajo la independencia de entes fiscales.