- Se cumple un año de su detención y se sabe que ha sido sometida a malas condiciones y supuestamente a tortura sicológica, pero Gobernación y el Organismo Judicial niegan visita de AI
- La ONG internacional inicia campaña para «tuitazo» a favor de la exfiscal, detenida injustamente y sometida a procesos judiciales sin transparencia
Las denuncias sobre arbitrariedades en el proceso judicial contra la exfiscal Virgina Laparra persisten y ahora se suma que ni las autoridades del Organismo Judicial (OJ) ni las de Gobernación autorizan la visita de una abogada de Amnistía Internacional, con el fin de verificar las condiciones en que se encuentra detenida, que no son las mismas que las de otros reos.
El argumento que se ha dado a la solicitud de la abogada Adeline Maria Jeanne Neau, es que ya se tiene acreditadas a las personas que pueden visitarla y que deben ser las autoridades del OJ las que autoricen, pero no hay respuesta positiva.
La exfiscal Virginia Laparra cumplió el jueves un año en prisión luego de denunciar a un juez por filtrar información sobre un caso reservado de corrupción. El resultado fue que el juez terminó acusando a la fiscal por cumplir su obligación de denunciar cualquier delito.
Laparra, condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, se ha convertido en un símbolo de la persecución a los funcionarios judiciales en Guatemala y Amnistía Internacional la ha declarado una «presa de conciencia».
“A un año de su detención es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dijo el jueves Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un boletín de prensa en el que pidió su liberación.
A su vez, las abogadas defensoras de Laparra denunciaron que la exfiscal se encuentra enferma y que se le ha negado atención médica. Agregaron que necesita una cirugía de emergencia pero el Instituto Guatemalteco del Seguro Social habría fijado una cita recién para mayo.
Laparra integraba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un caso de corrupción a un amigo abogado que trabajaba para el gobierno y aspiraba a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Tras la denuncia Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción. Las cortes en Guatemala han dejado de operar a favor de las leyes y lo hacen con intencionalidad política.
Castellanos y su amigo abogado han dicho que son inocentes y presentaron dos denuncias contra Laparra apoyados por la Fundación Contra el Terrorismo, de derecha radical que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a señalados por corrupción, mientras que se vuelve parte acusadora contra opositores al oficialismo y a quienes denuncian o luchan contra la corrupción.
La defensa de Laparra sostuvo que la ley faculta a cualquier persona a denunciar un hecho y presentaron más de 200 casos en los que fiscales denunciaron a jueces, pero las pruebas no fueron tomadas en cuenta.
Aunque la condena a prisión de Laparra era conmutable, una nueva orden de aprehensión solicitada por Castellanos Rodas con el apoyo de la Fiscalía, por supuestamente revelar información de otro caso, mantiene presa a la exfiscal.
Castellanos Rodas fue nombrado por diputados oficialistas y aliados del Congreso Relator contra la Tortura.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei más de 30 operadores de justicia se han exiliado denunciando criminalización por parte de la Fiscal General Consuelo Porras, cercana a Giammattei, por las investigaciones sobre corrupción y delitos de lesa humanidad que realizaron.
Esto le valió a Porras el retiro de la visa y sanciones por parte del gobierno estadounidense. Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
Laparra forma parte de una larga lista de ex fiscales, jueces, exjueces, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, a quienes el sistema de justicia persigue. gran parte de ellos han podido salir del país y se encuentran bajo asilo en Estados Unidos, mientras que otros enfrentan procesos o se encuentran en la cárcel, mientras acusados por corrupción por la antigua FECI reciben resoluciones favorables en tribunales o privilegios mientras permanecen en la cárcel.
En el caso de Virgina Laparra,las preguntas»lógica» no encuentran respuestas lógicas. La respuesta a la pregunta ¿por qué no dejan que AI vea a Laparra?, es porque no quieren que se detapen más anomalías en torno a su caso.