Con un pasado vinculado a casos de corrupción, Blanca Stalling desde la CSJ mueve los hilos para que se persiga –y seguramente que se castigue– al juzgador que cumplió con su deber «.
Gonzalo Marroquín Godoy
¡Qué grueso! Esto no se detiene y como dice el refrán popular: ¡no tiene madre!
En verdad, es algo que debiera elevar el nivel de indignación popular, porque es evidente que el sistema político imperante y las fuerzas más oscuras avasallan, no solo para asegurar un marco de impunidad absoluta a favor de la corrupción, sino el castigo para aquellos que intentan denunciarla o combatirla.
La historia se repite: la jueza Erika Aifán -galardonada internacionalmente–, los jueces Miguel Ángél Gálvez –con reconocimientos internacionales–, Pablo Xitumul, Claudette Domínguez y Yassmin Barrios, pasaron de juzgadores a ser perseguidos por actuar con apego a la verdadera ley y atreverse a procesar casos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Ahora es el juez Carlos Ruano a quien el sistema judicial podrido por los cuatro costados le ha puesto el ojo. Como ha sucedido en casos de jueces, fiscales y periodistas perseguidos, la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror) lo ha denunciado por el delito de haber cumplido con su deber, al denunciar el tráfico de influencias de parte de la magistrada Blanca Stalling a favor de su hijo, implicado en el caso conocido como IGSS-Pisa, el que, por cierto, la CC se ha encargado de dejar sin culpables importantes, como parte de esa impunidad mencionada antes.
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No sobra recordar que, al hacer la denuncia, el juez Carlos Ruano, presentó como prueba nada menos que la grabación que prueba la culpabilidad de Blanca Stalling, ya que dejaba claro que pretendía que Ruano favoreciera a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
Eso ocurrió entre finales de 2016 y 2017, cuando la justicia gozaba de bastante independencia. El resultado fue que Stalling perdió la inmunidad y recibió orden de captura. Con influencias, logro mantenerse prófuga hasta febrero de 2018, cuando se le descubrió disfrazada haciendo compras en una abarrotería.
Con la llegada de Giammattei y su grupo al poder, se formalizó la alianza oficialista que concluyó el asalto al sistema de justicia –MP, Organismo Judicial y las más altas cortes–, lo que prácticamente vino a terminar con la lucha anticorrupción.
En los últimos dos años la justicia manipulada y manipuladora, ha venido desbaratando los casos que se abrieron en el pasado. Ahora los chicos corruptos hasta se vuelven acusadores, y los jueces honestos e independientes, son perseguidos hasta que se les obliga a salir al exilio o les espera la cárcel, como anticipadamente anuncia fundaterror en sus redes sociales, pues de antemano sabe que el resultado les será favorable.
Se aplica el mismo cliché a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos. Si están del lado equivocado –denunciando o juzgando a los corruptos–, les cae todo el peso de la retorcida ley.
El problema es que no se le ha marcado un alto a esta actitud autoritaria. Países como Estados Unidos y algunos europeos, han formulado señalamientos y en ocasiones hasta emitido sanciones. Pero nada pasa. La mayor parte de guatemaltecos se conforma con ver y escuchar lo que sucede como el problema de otros, aunque en el fondo, el daño sea para todos. El mal que se está haciendo es a la democracia, a los derechos ciudadanos –de cada uno– y al país en general, pues al persistir el autoritarismo y la podredumbre política, el efecto es que el Estado no funciona y el Gobierno no trabaja para el pueblo y por eso los rezagos que hay en Salud, Educación, infraestructura, oportunidades y demás…
En cada uno de los casos que hemos citado se ha visto el mismo patrón: descaro, saña de la justicia contra sus víctimas, procesos armados por el MP y/o fundaterror, y luego magistrados dispuestos a responder favorablemente a todo lo que pide u ordena el poder político corrompido. El daño que se está causando es inmenso y, como se ha visto en casos de dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua, no es fácil de terminar y corregir.
Stalling representa la imagen de una magistrada vinculada a lo que en su momento se llamó pacto de corruptos. Su retorno a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el agravante de hacerlo cobrando una millonada que paga el pueblo de Guatemala, no es más que otra mancha al tigre, un tigre que, por acumular tanto poder, puede hacer lo que se le ronca en gana y pasar sobre los intereses nacionales como Juan por su casa.
La magistrada corrupta, abusiva y aprovechada que puso al desnudo el juez Ruano, es ahora quien golpea con el mazo de la justicia a quién cumplió valientemente con su deber. No cualquiera está dispuesto a denunciar el abuso de una jefa que se excede en sus funciones, sabiendo que la represalia puede llegar. En este caso tardó algunos años, pero seguramente durante todo este tiempo ella fraguó esta venganza y ahora lo estará disfrutando. Eso pasa en la Guatemala de hoy. ¿Hasta cuándo?
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