- Fue quien denunció a Stalling por intentar que él beneficiara a su hijo en un proceso judicial; ahora es blanco de la justicia y denuncia públicamente a la magistrada en una entrevista con «elPeriódico»
Impartir justicia de manera independiente en Guatemala se ha vuelto peligroso. El juez Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, es el nuevo blanco de la Fundación Contra el Terrorismo, y se suma a otros jueces destacados, como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, acosados judicialmente, lo mismo que ha sucedido contra otros operadores de justicia que han sostenido una lucha anticorrupción.
En su caso, enfrenta un antejuicio avalado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a solicitud de la llamada «Fundaterror», que es el brazo que se utiliza para hacer accionar al Ministerio Público o las cortes en los casos de quienes denuncian, investigan o procesas de forma independiente los casos de corrupción.
El juez Ruano conversó brevemente con el periodista Alexander Valdés de «elPeriódico», a quien le expuso las verdaderas motivaciones que hay detrás de su caso. Esto es lo más destacado de la entrevista, publicada hoy por ese medio, que también ha sido víctima de la persecución judicial a causa de las denuncias sobre corrupción de altos funcionarios y empresas.
LAS DECLARACIONES
¿Cómo toma la resolución que dicta la Corte Suprema de Justicia (CSJ)?: La veo en el sentido de que la CSJ no analizó en su contexto ¿quién es el denunciante?, ¿por qué me denuncia? y ¿cuáles son los hechos que están atribuyendo en la solicitud de antejuicio de la Fundaterror? Todo surge por el hecho que yo denuncié a la magistrada Blanca Stalling, en enero de 2017.
Para los jueces, denunciar está en la Ley de la Carrera Judicial como un deber. La denuncia obligatoria será para todo funcionario público que tenga conocimiento de un hecho delictivo, es decir, la misma ley me impone ese deber y obligación. En cumplimiento a eso yo lo hice.
Esto es un acto de venganza, y para eso el sistema de justicia no debe prestarse en un sistema demoráctico con Estado de Derecho.
¿Por qué considera que se trata de una venganza?: Quién está detrás de todo esto es Blanca Aida Stalling Dávila. Porque la denuncia fue presentada por la Fundaterror pocos días después de que fue reinstalada y le pagaran todos los salarios. Esa millonaria suma que el pueblo le pagó por servicios no prestados.
En la solicitud de antejuicio (de parte de Fundaterror)está un documento que fue solicitado por la abogada de ella, está extendido a nombre de la defensora. Eso permite concluir, de manera lógica, que quien le entregó esos documentos fue Stalling.
¿Qué acciones analiza en torno al fallo de la CSJ?: Primero tengo que tener a la vista la resolución para ver cuál fue el análisis que hizo la Corte para disponer darle trámite a esa solicitud de antejuicio, lo que tengo conocimiento es por redes sociales y los medios de comunicación.
Al analizar esa resolución que asume el pleno de CSJ, sin lugar a dudas, determinar la procedencia de acciones legales, porque a todas luces, los denunciantes públicamente han manifestado sed de venganza antes, y ya ayer con la decisión de la Corte, demuestra que es una denuncia espuria, por eso la Corte debió rechazarla para su trámite. Es de conocimiento público las represalias por haberme atrevido a denunciar a una magistrada.
¿Considera que buscan obligarlo a dejar el cargo y que salga del país?: Es un patrón sistemático de criminalización, quien denuncia, quien en redes sociales, antes y después de las acciones, las está celebrando, cómo materializa sed de venganza y represalias, que utilizan las instituciones.
Está a la vista de todos, que son acciones espurias. La Ley de Antejuicio establece que cuando las denuncias son espurias, deben rechazarse. La CSJ está omitiendo analizar quién me está denunciando.
Ese patrón es el que se está utilizando en los procedimientos, desviarlos para otros fines ilegítimos. Como lo es tomar venganza o represalias por haber cumplido una función en algunos casos determinados.
En 2017, la PDH al conocer la situación en la que como juez me expuso la magistrada Stalling, abrió expediente y dictó resolución definitiva en la que estableció que ella había violado la independencia judicial. Además, le recomendó que se abstuviera de tomar represalias en mi contra por haber denunciado un caso de corrupción judicial.
De denunciante a denunciado
La Corte Suprema de Justicia aceptó para trámite la solicitud de antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo contra el juez Carlos Ruano, quien denunció a Blanca Stalling.
Se le acusa de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, por haber denunciado a Stalling quien intercedió por su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, vinculado a un caso de corrupción.
Blanca Stalling fue perseguida por la justicia cuando había independencia, se mantuvo prófuga y luego fue detenida, pero al termina cooptado en su totalidad el poder judicial, fue reinstalada en su cargo y, sin enfrentar proceso, recibió sus salarios caídos y actualmente forma parte de la CSJ que permanece de forma espuria en control del Organismo Judicial, a pesar de que sus magistrados debieron dejar sus cargos hace más de tres años.
«Justicia represiva»
La «Federación Centroamericana de juezas y jueces por la democracia», emitió un comunicado en el que expresa «su preocupación por la debilidad institucional en la región, la afectación a la independencia judicial, y, como consecuencia, al Estado de Derecho y a la democracia. Esto se evidencia en varios países, y en estos momentos en Guatemala, en donde se mantiene la instrumentalización del derecho penal para afectar a jueces independientes, como es el caso del juzgador Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien, atendiendo a lo que establecen la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, denunció hechos que pudieran constituir delitos».
Agrega que «esto ha conllevado consecuencias negativas en su contra, siendo que el juzgador cumplió estrictamente con un deber legal. El sistema de justicia que su momento procedió a conocer el caso retiró la inmunidad de la funcionaria denunciada, ejerciendo la fiscalía la persecución penal y resolviendo un juez respecto al planteamiento del Ministerio Público».
Concluyen los juzgadores centroamericanos que «la presente situación denota las condiciones en las que en Guatemala se administra justicia, con efectos represivos para quien ejercer la judicatura de manera independiente».