- Una larga audiencia en la que el juzgador –amigo de abogados de la Fundación Contra el Terrorismo–, tomó nota de las acusaciones y no de los argumentos de la defensa; no aceptó que pruebas presentadas son ilegales
El rostro del juez Fredy Orellana durante la audiencia lo decía todo. Atención cuando hablaba la fiscal o el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror), y mirada al vacío cuando lo hacpía la defensa del periodista José Rubén Zamora. El resultado fue el esperado: se envía a juicio al periodista opositor por tres delitos y se conceden las peticiones de la parte acusadora, a pesr de las deficiencias evidenciadas por el abogado Francisco Solórzano Foppa.
Ell juez séptimo penal, Fredy Orellana durante la audiencia de apertura de juicio celebrada este jueves por el caso que implica al periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora. El togado ha decidido enviar a juicio a Zamora por tráfico de influencias, lavado de dinero y chantaje.
En la diligencia, el juzgador no tomó en cuenta la argumentación del abogado defensor, quien mostró como fue que llegron los Q300 mil a manos de Zamora, por medio de una transacción comercial documentada y con fuente de dinero lícito, y no ilícito, como manda el delito de lavado de dinero.
Orellana al resolver señaló que “las grabaciones hechas por Ronald García Navarijo son legales”, contrario a lo expresado por Juan Francisco Solorzano Foppa, abogado de Zamora, quien recordó que el mecanismo que debe seguirse –que no se hizo en este caso–, para que pruebas de grabaciones y escuchas telefónicas puedan ser consideradas legales.
El juez, sin embargo, les dio valor probatorio y también ha señalado “incongruencias” en la defensa, puesto que al inicio del caso “aseguró que los Q300 mil” que según la acusación del Ministerio Público (MP) fueron lavados eran “una donación de empresarios”, pero que en la audiencia de este jueves, la defensa dijo que “Q240 mil de ese dinero los recibió como parte de la venta de un cuadro del artista Elmar Rojas”.
El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente estará a cargo del juicio. La audiencia de ofrecimiento de pruebas fue programada para el 13 de diciembre. Es el mismo ojuez Orellana quien decidirá qué pruebas pueden presentarse en el juicio y cuáles no.
Juicio “político”
Tras conocer la resolución del juez, Zamora ha dicho a los medios de comunicación que el proceso es “un juicio político”. “Estoy con la conciencia tranquila, me preocupaba la existencia de elPeriódico pero ya nos hicieron un daño enorme al tener que terminar con la edición impresa y lo estoy asimilando”.
El periodista, sin embargo, se mostró optimista. “Hoy me voy contento, me he quitado presión de encima ahora que Flory (Flora Silva, exgerente financiera de elPeriódico) está en su casa. Pudo haber sido un homicidio cuando se la llevaron del hospital, casi infártala. Así que estoy feliz por eso; de aquí no sé a dónde voy pero voy con ganas y fuerzas”, dijo al salir de la sala.
Las palabras de Zamora hacen referencia a la solicitud que ha hecho la exgerente financiera. Silva indicó por medio de su abogado que optaría por aceptar los señalamientos de Lavado de Dinero u Otros Activos por medio de la Ley de Aceptación de Cargos, durante la audiencia. Esto implica que la pena impuesta por el juez Orellana de seis años de prisión, se reduciría a tres por los beneficios que da este procedimiento. Además, Silva tendrá que pagar una multa de Q150 mil y resarcir al Estado con Q30 mil.
Reacciones de entidades de prensa
En el inicio de la audiencia estuvo presente una delegación de alto nivel enviada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para verificar los entretelones de este caso, que ha sido considerado como un atentado en contra de la libertad de prensa en el país.
La esta misión está integrada por Michael Greenspon, The New York Times Company, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y por Ricardo Trotti, director ejecutivo de la organización.
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por la resolución del juez. “La continua detención de José Rubén Zamora no tiene ningún fundamento y demuestra que la Fiscalía guatemalteca está en busca de cualquier pretexto para justificar sus acciones contra un periodista que es crítico del Gobierno”, ha escrito Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, en un comunicado publicado en la página web.
“A pesar de lo que puedan pensar los políticos guatemaltecos, denunciar la corrupción no es un delito. Las autoridades deben retirar de inmediato los cargos penales contra Zamora, liberarlo y dejar de utilizar el sistema de justicia para atacar a la prensa”, ha reiterado Southwick.
Por su parte, Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesta apoyo a Jose Rubén Zamora por proceso judicial que enfrenta. “La aprehensión de Jose Rubén Zamora es una violación de sus derechos humanos… se deberían de conformar con relación a la Constitución”, ha dicho Greenspon.