- Una comisión que investiga la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, en 2014, presentó un nuevo informe que involucra a altas esferas del gobierno.
Una Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
La comisión reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014, policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes de la zona.
Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que continúan colaborando con la investigación, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 estudiantes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Sin embargo, confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales torturaron a testigos y manipularon pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
- López Obrador subraya que el caso «no está cerrado»
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado que, pese al informe que da por muertos a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala (Guerrero), el caso «no está cerrado».
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida, aunque hasta el momento sólo se han identificado restos de tres de los desaparecidos.
Las investigaciones apuntan a la participación en este crimen del grupo armado Guerreros Unidos y también de efectivos de las fuerzas de seguridad, por lo que el Gobierno considera que aún hay margen para que al menos se haga justicia.
«Desde luego, el caso no está cerrado», ha sentenciado López Obrador este viernes, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que su Ejecutivo no quiere «ocultar nada» y ofrecerá «todas las facilidades» para esclarecer el caso, símbolo de las desapariciones forzadas en México, informa el diario ‘Milenio’.
También ha defendido la necesidad de hacer pública toda la información sobre una situación «atroz e inhumana», alegando que la transparencia es «una regla de oro de la democracia», y de castigar a los responsables. Todo ello, según López Obrador, «para que nunca más se den estos lamentables hechos».
El ataque contra los 43 ‘normalistas’ –estudiantes de magisterio– la noche del 26 al 27 de septembre de 2014 ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas.