- Se sigue con el acoso judicial contra jueces que actúan con independencia
El Ministerio Público bajo la órdenes de Consuelo Porras no baja la intensidad en su persecución con jueces que le son «incómodos». Esta vez le corresponde a la jueza Claudette Domínguez Guerrero, quien es acusada por el delito de prevaricato y abuso de poder, en un caso en el que también se implica al exfiscal Juan Francisco Sandoval.
El ente de persecución penal presentó la solicitud de antejuicio contra la jueza Domínguez ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde cuenta con la mayoría de votos –como ha sucedido en casos anteriores contra jueces que siguieron casos anticorrupción–, lo que anticipa que pueden retirarle la inmunidad más adelante.
El MP explicó en un comunicado de prensa que, «en el contexto del caso Odebrecht, la jueza celebró audiencia de primera declaración el 8 de septiembre de 2017 en la cual autorizó la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba como colaborador eficaz de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, quienes no estaban en presencia de la juzgadora. Se advierte que dichas personas se encontraban en la República Federativa de Brasil razón por la cual la jueza no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al Poder Judicial, atentando así en contra de la seguridad jurídica, el debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala».
Luego añade que «de la actuación realizada el 6 de septiembre de 2017 cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien fungía en ese entonces como Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, realizó los acuerdos de colaboración eficaz. Esto ya que, según lo establece la ley, Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar diligencias de investigación en calidad de Fiscal del Ministerio Público fuera del territorio de la República de Guatemala, arrogándose facultades que únicamente le corresponden por mandado constitucional a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con delegación para representar al Estado de Guatemala».
La CSJ sigue la línea que dicta la «alianza oficialista», lo que hace suponer que el MP contará con los votos necesarios para que se dé trámite al proceso de antejuicio, se nombre un juez pesquisidor y pierda la inmunidad la jueza Domínguez.
Como es del conocimiento público, el MP y Porras tienen montado un andamiaje penal en contra del fiscal Sandoval, exjefe de la fiscalía Contra la Impunidad (Feci), quien fue destituido cuando llevaba a cabo investigaciones de casos de corrupción en los que podría estar involucrado el presidente de la República, Alejandro Giammattei.
Sandoval tuvo que salir del país y se exiló en Estados Unidos, en donde ha encontrado el apoyo de organismos internacionales que defienden la independencia del sistema judicial. El departamento de Estado de EEUU, la barra de abogados de Nueva York, la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entre otros–, han señalado al Estado de Guatemala por no respetar la independencia y llevar a cabo «persecución sistemática» contra operadores de justicia que han participado en la lucha anticorrupción y defienden los derechos humanos.
Por los términos expuestos y la forma en que se ha planteado, se puede suponer que se actúa directamente contra la jueza Domínguez, con la mira puesta al mismo tiempo en contra del fiscal Sandoval, a quien se sabe que el MP tiene la intención de desacreditar, con el objetivo de que todos los casos que llevaba la FECI se debiliten ante los tribunales.
Al mismo tiempo, se mantiene fuerte el mensaje contra los jueces guatemaltecos, pues se persigue penalmente a todos los que actúan con independencia.