- Los profesores podrán llegar armados a dar clases, según legislación estatal
El Congreso del estado norteamericano de Ohio ha aprobado autorizar que los profesores puedan llevar armas de fuego tras una formación que duraría como máximo 24 horas. El texto de la Ley de la Cámara 99 no especifica el periodo mínimo de formación.
La norma aprobada por el Congreso de Ohio, controlado por el Partido Republicano, es opcional, por lo que será cada centro educativo el que decida si se acoge a ella, según recoge la filial en Cleveland de la cadena ABC.
Al menos cuatro de las 24 horas de formación serán «basadas en escenario» o ejercicios simulados de entrenamiento sin que se especifique que se pueda utilizar armamento real en esta «formación táctica con armas de fuego». Los usuarios de estas armas se someterán cada año a una comprobación de antecedentes.
La ley incluye además una revisión anual de la formación de un máximo de ocho horas y la creación del Centro de Seguridad Escolar y de Crisis de Ohio para desarrollar el temario de la formación.
Hasta ahora un maestro debía convertirse en agente de paz con más de 700 horas de formación para poder portar un arma. Un policía recibe 60 horas de formación sobre armas de fuego, de las cuales 46 son en campo de tiro.
La ley ha sido aprobada definitivamente con 54 votos republicanos a favor y 31 votos demócrata y dos republicanos en contra. Hasta doce congresistas no han votado.
Grupos como Madres por la Rendición de Cuentas, Madres Exigen Medidas, la Asociación Educativa de Ohio o la Fraternal Orden de Policía de Ohio han advertido de que esta nueva ley harán que las escuelas sean mucho menos seguras.
Para la Asociación de Armas de Fuego Buckeye será lo contrario. «Hemos aprendido con el tiempo que cuanto más rápidamente se ataca a un asesino activo, más vidas se salvan», ha apuntado un portavoz del grupo, Rob Sexton.
Un total de 19 niños y dos educadoras murieron el 24 de mayo en Uvalde, Texas, por los disparos de un joven que con 18 años recién cumplidos adquirió armamento. El caso ha reabierto el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos.