- Alianza oficialista facilita manipulación de Q3.3 millardos en período electoral
- Cuatro organizaciones no políticas destacan aspectos negativos en lo aprobado
La «alianza oficialista» en el Congreso aprobó ayer el decreto No. 30-2022, el cual abre las puertas para que los Cocodes puedan malversas los fondos de «recursos no ejecutados], lo que representa cerca de Q3.3 millones que estarían disponibles para ser derrochados durante la época electoral el año próximo.
Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Justicia Ya, expresan su preocupación por el contenido de dicho decreto y piden que el presidente Alejandro Giammattei lo vete.
Lo que hicieron las bancadas afines al oficialismo fue modificar las normas complementarias para la ejecución presupuestaria contenidas en el Decreto No. 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, suprimiendo todos los controles existentes y facilitando que los Cocodes dispongan de dinero adicional al que les asigne el Presupuesto 2023.
Entre los señalamientos de analistas sobre el Decreto se destaca que, por ejemplo , se puedan utilizar los recursos para combatir la desnutrición infantil para llevar a cabo obras de infraestructura en el año electoral, con el fin de ganar votos para sus respectivos partidos. Las normas anteriores prohibían la malversación de fondos, mientras que ahora se autoriza dicha malversación para que los Cocodes no incurran en ilegalidades.
Las cuatro organizaciones piden al presidente Giammattei que vete el Decreto, para «evitar disposiciones que pueden ampliar los espacios para actos de corrupción y abuso de los recursos públicos»
En su análisis, las organizaciones destaca que «el decreto aprobado deroga el último párrafo del artículo 41 del presupuesto que el Congreso aprobó en noviembre pasado, el cual obliga a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) a reintegrar al Fondo Común del Estado los saldos presupuestarios correspondientes a obras no ejecutadas en ejercicios fiscales anteriores»
Hacen ver que «suprimir esta norma constituye un riesgo grave para que algunos Codedes retomen la práctica de retrasar intencionalmente la ejecución de las obras con la finalidad de malversar los recursos no ejecutados, incluyendo invertirlos a plazo fijo y obtener rendimientos financieros ilícitos»
Explican que el Decreto «agrega un párrafo al artículo 82 de la ley anual del presupuesto de 2022, referido al seguimiento de la inversión física y georeferencial. Este párrafo estaría exceptuando a los proyectos ubicados en el área rural de la obligación de disponer de dispositivos que registren en línea el avance de las obras físicas, y reemplaza este registro visual en línea de las obras con fotografías del proceso.
Los analistas consideran que esta situación permite que no se pueda controlar ni fiscalizar el desarrollo y conclusión de las obras, y recuerdan las organizaciones que «en los tribunales de justicia se encuentran decenas de casos de obras inconclusas, cuyo avance físico supuestamente se había documentado con fotografías, por lo que esta disposición también constituye un riesgo de volver a prácticas fraudulentas del pasado».
Durante el proceso de aprobación final y redacción por artículos, el Pleno del Congreso aprobó una enmienda que agregó un artículo que modifica lo dispuesto en el artículo 129 de la ley anual del presupuesto 2022, referido a la ampliación presupuestaria para apoyo a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y fortalecimiento de la salud.
Por ello destacan en su comunicado que «la modificación aprobada permite que, además de proyectos de agua, saneamiento, drenajes, educación y otros proyectos relacionados al fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, los Codede puedan destinar los Q290.0 millones aprobados para financiar proyectos de infraestructura».
Esta disposición constituye un riesgo grave de que los Codede desvíen estos recursos de las acciones realmente necesarias para enfrentar la desnutrición infantil, para financiar obras de infraestructura plagadas de anomalías y actos de corrupción, tal como ocurre con demasiada frecuencia en la ejecución presupuestaria de los Codede.
Debido a estas anomalías y la posibilidad de violaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Constitución Política de la República, , las organizaciones recomiendan al presidente Giammattei que proceda a vetar el Decreto 20-2022, aunque esto no parece probable, tomando en cuenta que fueron los partidos aliados al oficialismo los que lo aprobaron.