El 1 de febrero de 2022, el Congreso de la República de Guatemala aprobó reformas a la Ley de Migración, con el objetivo de endurecer las penas para los traficantes de migrantes.
Este miércoles 16 de febrero, fueron publicadas las reformas en el Diario de Centro América, las cuales fueron requeridas por el presidente Alejandro Giammattei para combatir las actividades ilícitas de los coyotes, que en los últimos meses han cobrado relevancia por la muerte de migrantes en accidentes y hechos de violencia en su busca por llegar a EE. UU.
Según el Decreto 5 – 2022, las penas de prisión a quienes incurran en el delito de tráfico ilícito de personas entre 10 a 30 años; el Ejecutivo argumentó que la iniciativa surge a raíz de que han incrementado los actos delictivos relacionados al “coyotaje”.
El Decreto 5-2022 realiza modificaciones a la Ley de Migración en los artículos 103, 107 bis y 108 referentes al tráfico ilícito de personas. La pena prevista para este tipo de flagelo será aumentada en dos terceras partes cuando:
- La persona migrante sea niño, niña o adolescente
- La mujer migrante se encuentre en estado de embarazo.
- Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante, por las condiciones o medios en las que se ejecuten el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
- El autor o partícipe sea funcionario o empleado público.
- El autor o participe sea notario, que en ejercicio de sus funciones y con conocimiento, favorezca o facilite la acción ilícita.
- El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada.
- La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden, o falleciere.
La reforma agrega que “en ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”.
Por lo anterior y con la modificación del artículo 107 bis de la Ley de Migración, quienes trafiquen guatemaltecos irían a prisión entre 10 y 30 años (inconmutables), con un pago de entre Q100 mil y Q200 mil por connacional traficado. Anteriormente las penas eran de 6 a 8 años.
En los últimos años, decenas de guatemaltecos han sido víctimas durante su periplo hacia Estados Unidos, la última de estas ocurrida en diciembre pasado, cuando un tráiler cargado con centroamericanos volcó en una carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas México, donde 56 migrantes murieron y más de un centenar resultó herido. 40 de los fallecidos eran guatemaltecos.