Se tendrá acceso a información privada de las personas y se puede hacer sin límite de tiempo
Gobierno dice que es «innovación» en la lucha contra el delito
La Asamblea Nacional de El Salvador ha aprobado la intervención por parte de la Fiscalía de las comunicaciones de aquellas personas que sean consideradas sospechosas en el marco de investigaciones sobre delitos informáticos.
La medida ha sido aprobada con 63 votos a favor y supone reformar el Código Procesal Penal para incluir un capítulo relacionado con la autorización al espionaje digital, lo que, según voces críticas, permitirá a los fiscales recurrir a este tipo de intervenciones «con pocos límites».
Así, la Policía y la Fiscalía podrán suscribir acuerdos con empresas privadas establecidas en el extranjero y no será necesaria la intervención de un juez de instrucción para intervenir las comunicaciones de presuntos sospechosos en el marco de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos.
En este sentido, bastará con la intervención de un juez de paz para aprobar la intervención de dispositivos digitales de cualquier ciudadano sospechoso en una etapa preliminar a la investigación de los fiscales, según informaciones del diario ‘La Prensa Gráfica’.
Las reformas se centran en dar potestad al Estado para acceder a información privada de los ciudadanos en sus dispositivos electrónicos a partir de la figura de «evidencia digital». Según el decreto, se considera evidencia a «los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea recibida o transmitida a través de Tecnologías de la Información y Comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico», según el artículo 259-A.
Esto implica que la Fiscalía podría acceder a conversaciones telefónicas, mensajes de texto y cualquier tipo de información almacenada en dispositivos y considerada prueba de un delito.
Las reformas han dado pie a una serie de protestas por considerar que podría funcionar como arma de persecución a agentes críticos con el Gobierno y a la prensa independiente. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las considera un intento de «legalizar el espionaje digital».
«No establece la reforma cuánto tiempo ni por qué delitos se puede utilizar la figura del agente encubierto. De alguna forma lo que se está legalizado es el espionaje, se están legalizado prácticas que –como se comprobó a inicios de este año– se están realizando en este país», ha denunciado el presidente de la Asociación de Periodistas (APES), César Castro Fagoaga. El Gobierno, sin embargo, ha justificado la propuesta como una innovación en la persecución del delito.