Personal de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan un operativo en Comitancillo, San Marcos, con el objetivo de desarticular una estructura dedicada al tráfico de migrantes.
Consistente en 19 diligencias de allanamiento para ejecutar ordenes de captura y desarticular a una estructura criminal, la cual presuntamente habría sido responsable de traficar ilegalmente a un grupo de 15 guatemaltecos asesinados en el Municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de enero de 2021.
La masacre
La tarde-noche del viernes 22 de enero de 2021 comenzaron a fluir las trágicas noticias de que un grupo de migrantes de Comitancillo, San Marcos, que recién había partido un par de semanas antes a EE. UU., había sido masacrado en un camino del municipio de Camargo, en Tamaulipas, México.
Lo temores comenzaron a tomar forma conforme pasaban las horas. Once migrantes habían sido asesinados, aparentemente por policías federales, en un crimen que no termina de esclarecerse, los cuerpos habían sido quemados y abandonados en una camioneta a escasos kilómetros de la línea fronteriza con EE. UU.
Un total de 16 guatemaltecos fueron masacrados. Los otros cinco eran de Concepción Tutuapa, Catarina y Sipacapa; también municipios de San Marcos, y dos hermanos de Granados, Baja Verapaz.
Lejos de lo que pudo haber sido un punto de inflexión para pensar en el desarrollo del área rural del país que cada vez fuerza más a sus ciudadanos a migrar, con el pasar de los meses, la tragedia de Tamaulipas parece que va quedando en el olvido y los gobiernos de Guatemala y México no han cumplido o solo han intentado cumplir con sus ofrecimientos.
Sin avances en las investigaciones
Una de las muestras de ese olvido es que la justicia mexicana no avanza en el proceso judicial en el que están señalados 12 policías estatales, sostienen las familias, según representantes de la Red Jesuita con Migrantes, que los ha acompañado durante estos 12 meses.
Las audiencias se han aplazado a solicitud de la defensa, mientras la Fiscalía, al parecer, cuenta con contundentes pruebas que implicarían a los señalados.
Además, medios mexicanos han recogido contradicciones en los testimonios de los agentes, a pesar de que el 25 de febrero del año pasado, les fue revelado a un grupo de diputados guatemaltecos que viajó a México que los 12 policías estatales habrían confesado el crimen.
“La Fiscalía de México dijo a mitad de año que había información de que las familias habían renunciado al proceso legal. Nosotros nos sorprendimos y nos dimos cuenta de que no era cierto, que los familiares no han renunciado a pedir justicia”, afirmó el sacerdote José Luis González, integrante de la Red Jesuita con Migrantes.
Mientras tanto, aún no hay información oficial de que se haya hecho efectiva la indemnización que el 23 de febrero del año pasado ofreció el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas.