Durante una citación en el Congreso, el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Augusto Ponce dijo que desconoce bajo qué términos fue firmado el contrato entre Ferrovías y la empresa mexicana Remed S.A. para el proyecto del tren del “Bicentenario”.
A dicha reunión fueron citados el Ministerio de Economía, Antonio Malouf y el administrador de Ferrovías, José Ulloa por los diputados del Grupo Parlamentario de Oposición para brindar detalles del contrato por el proyecto del tren. Sin embargo, no acudieron a la citación y no presentaron excusa alguna para justificar la ausencia.
Pese a que la celebración de la firma del contrato se llevó a cabo en las instalaciones de Fegua el pasado 14 de enero del presente año, y que fue el mismo Ponce quien agradeció a los empresarios por la inversión en Guatemala al calificarla de “trascendental”, afirmó ayer ante los diputados no tener más información al respecto. “Es un tema (el contrato) que se trató entre la iniciativa privada y no fue algo estatal”, dijo el interventor de Fegua.
Incluso, afirmó no haber participado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de enero, a pesar de que hay evidencias de lo contrario, pues asistió a la misma. “No tenemos más información y no nos tomaron en cuenta para este tipo de asamblea”, aseguró Ponce.
“Conocer exactamente el contenido de todos los compromisos que se celebraron en un contrato reciente, no es de nuestro conocimiento, pero como representante de Fegua existe la mejor disposición de seguir con la protección de la vía férrea y de los bienes del Estado otorgados en el Contrato 402 a Ferrovías”, expresó el interventor.
Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición citaron también al ministro de Economía, Antonio Malouf, y José Ulloa Rosemberg, administrador de Ferrovías, para que brindaran detalles del contrato de arrendamiento. Sin embargo, no acudieron a la citación y tampoco presentaron excusa. Únicamente participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Ponce.
“No conozco el contrato y Fegua aún no lo tiene, pero voy a pedir al departamento jurídico que lo solicite a Ferrovías, porque lo único que hemos venido desarrollando desde el 2019 es la protección de la línea férrea”, recalcó Ponce.
Diputados cuestionan contrato
Los diputados cuestionaron que, a su criterio, el contrato se firmó por un arrendamiento, pero en realidad es un usufructo.
“A todas luces es un contrato ilegal en el que se utiliza la figura de arrendamiento, porque no hay otra; lo están disfrazando. La actitud del gobierno de Guatemala es preocupante, porque el Estado es propietario del 81% de las acciones de Ferrovías y desde el año pasado se nombró a Ulloa como representante legal. El anterior no había querido firmar porque había ilegalidades en el mismo”, expresó el diputado Orlando Blanco.
Además, señalaron que se agregaron 30 kilómetros de Retalhuleu a Champerico a los 235 kilómetros originales para el proyecto para un total de 265 kilómetros.
“Si hay funciones asignadas a Fegua en el contrato desconozco cuáles son, porque las que cumplimos nosotros son las funciones establecidas en el Contrato 402”, reafirmó Ponce.
Por lo anterior, Blanco enfatizó que a Fegua se le obliga a solucionar el problema de los inmuebles y la usufructuaria no será parte de los desalojos.
La cláusula cinco que se refiere a las obligaciones de Ferrovías, obliga a ejecutar en favor de Remed S.A., las acciones siguientes: permitir que la empresa haga uso para su explotación comercial los bienes inmuebles, garantizar dentro de sus facultades uso y goce del arrendamiento que por este acto se otorga; cumplir con todas las obligaciones frente a Fegua, derivadas del Contrato 402; permitir la continuidad del arrendamiento; y otorgar la prórroga del usufructo, por tener más de 10 años.
Blanco reiteró que el Estado de Guatemala es el accionista mayoritario Ferrovías, por lo que al celebrar este contrato, obviaron la Ley de Contrataciones, que en su primer artículo establece que tiene como objetivo normar las ventas, compras, arrendamientos, contrataciones y cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen los organismos del Estado, las descentralizadas y autónomas, las entidades y empresas cuyo capital mayoritario este formado por aportaciones del Estado.
En ese sentido, los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos coincidieron en que no se efectuó un proceso que permitiera una competencia justa para los mejores intereses de Guatemala y no se cumplió con un proceso de selección, como los establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.