El subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, señaló que la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) es un «tribunal cuestionable» y lamentó que la fiscal general, Consuelo Porras, trate de «minimizar las investigaciones sobre corrupción», lo que contribuye a «perpetuar el historial de problemas» que atraviesa el país.
«El nuevo tribunal constitucional es un tribunal cuestionable, y la fiscal general, Consuelo Porras, minimiza las investigaciones creíbles contra la corrupción«, manifestó durante una rueda de prensa en la que ha hablado de la lucha contra la corrupción y los acuerdos alcanzados en la Cumbre por la Democracia celebrada la semana pasada.
Para el alto cargo estadounidense, los sucesivos gobiernos guatemaltecos han ido acumulando un «historial de profundos desafíos que se han ido agudizando debido a la corrupción». Además, ha citado la destitución por parte de Porras del que fuera el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, como muestra de la «falta de compromiso en la lucha contra la corrupción».
Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha expuesto que aún considera a Guatemala como un país amigo y aliado «en muchos temas». Sin embargo, ha reconocido que existen «grandes preocupaciones» porque la lucha contra la corrupción no ha dado los resultados «que nos gustaría ver», entre ellos «casos concretos contra personas e instituciones corruptas en el país».
Nichols también ha abordado así la Fuerza de Tarea Anticorrupción, creada este año para investigar prácticas corruptas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y ha asegurado que los oficiales que forman parte de ella «van a hacer más» en los próximos meses, según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
«Ellos acaban de empezar a trabajar y estamos pendientes de acciones más contundentes», aseveró Nichols al ser preguntado por la poca información que ha emanado de dicha Fuerza de Tarea. Cuando fue anunciada su creación en marzo, Estados Unidos indicó que uno de los componentes incluiría incrementar el número de asesores legales residentes que capaciten y formen a personal del Ministerio Público de Guatemala, incluida la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para fundamentar las causas de corrupción.
Pero con la salida de Sandoval de la entidad, el Gobierno anunció la congelación de ayuda para el Ministerio Público. Para Nichols, la corrupción «menoscaba las oportunidades económicas, atenta contra los Derechos Humanos y limita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas».