Bachelet presenta informe que muestra que al menos 29 personas han muerto en poco más de un año
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este martes su «profunda preocupación» por el repunte de la violencia política en Honduras, a la que atribuye 29 víctimas mortales en un momento clave, dada la inminencia de las elecciones generales del próximo domingo.
«Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes», ha advertido Bachelet, en un comunicado en el que ha reivindicado el derecho de la ciudadanía hondureña a «votar en paz» y sin sentirse «insegura, coaccionada o con miedo».
Naciones Unidas ya documentó graves violaciones de Derechos Humanos en las protestas postelectorales de 2017, por lo que confía en que no se repitan antiguos patrones y se garanticen derechos y libertades que son básicos en cualquier sociedad avanzada.
La Alta Comisionada ha instado a todas las partes a compartir cualquier opinión «de manera pacífica», toda vez que «la violencia no es, y nunca debería ser, la respuesta». En este sentido, espera que las autoridades garanticen un contexto adecuado para que haya elecciones pacíficas y transparentes.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha registrado desde septiembre de 2020 –fecha de convocatoria de las elecciones primarias– al menos 63 casos de violencia política. Además de los 29 fallecidos, también tiene en sus registros 14 ataques, doce agresiones, siete casos de amenazas y un secuestro.
Bachelet, que ha llamado a depurar responsabilidades por estos hechos, ha mostrado su preocupación por la introducción del discurso de odio como herramienta política, a pesar de que «no tiene lugar en una democracia». Su oficina ha detectado mensajes de odio contra personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Asimismo, ha alertado de una reducción del margen de maniobra de la sociedad civil, hasta el punto de que solo este año ya se han registrado unos 240 ataques contra personas defensoras de los Derechos Humanos o periodistas en Honduras. Bachelet teme que se restrinja el derecho de manifestación pacífica fruto de recientes reformas.