El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicó este jueves 18 de noviembre un comunicado respecto a la aprobación del Presupuesto 2022 y al incumplimiento de la asignación del 5% que se ha establecido mediante fallos en la Corte de Constitucionalidad.
El Consejo exige: “al Ministerio de Finanzas y al Congreso de la República dar exacto cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad general parcial dictada dentro del expediente 5298 – 2013 por la Corte de Constitucionalidad, de fecha 10 de junio de 2014, y a la sentencia de amparo en única instancia dictada dentro del expediente 5510 – 2018 por la Corte de Constitucionalidad, de fecha 27 de noviembre de 2019, asignando a la USAC una cantidad no menor al 5% del presupuesto ordinario de la nación, equivalente a no menos de Q3 mil 887 millones 439 mil 787 en el presupuesto 2022”.
Según el Consejo, en los últimos años se ha dependido de un presupuesto extraordinario debido a que el ordinario asignado no ha sido suficiente para cumplir su misión institucional.
“Debido al incumplimiento del traslado del presupuesto que le corresponde a esta casa de estudios, no se ha podido cumplir con los compromisos de los programas de docencia, administración, investigación, extensión y servicios que año con año demandan mayores recursos debido al incremento de la matrícula estudiantil y la demanda de servicios que presta la universidad a la sociedad guatemalteca”, indica la publicación.
Población estudiantil
La población estudiantil de la USAC actualmente rebasa los 225 mil alumnos; asimismo cuenta con 7,831 profesores y 5,040 trabajadores administrativos y de servicios. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad (CC), en sus sentencias en los expedientes 5298-2013 y 5510-2018, contiene criterios de interpretación en cuanto a que no se ha cumplido el precepto constitucional de “procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico”.
Por lo anteriormente expuesto, el CSU exigió al Congreso de la República el cumplimiento del monto que legalmente le corresponde a la USAC; y solicitó a la población en general su respaldo para garantizar el acceso a la educación indistintamente.