Salvadoreños vuelven a salir a las calles para protestar por el uso del bitcoin como moneda oficial
El ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegaín, ha arremetido este jueves contra las protestas que tuvieron lugar en septiembre y octubre contra una serie de medidas del Ejecutivo de Nayib Bukele, asegurando que fueron «paupérrimas» en asistencia y que «no se entiende ni de qué han ido a quejarse».
Las protestas a las que alude Bidegaín reunieron a miles de salvadoreños en contra de la imposición del bitcoin como moneda de curso legal en el país centroamericano, la reelección presidencial o la reforma constitucional y las pensiones, así como para exigir la búsqueda de los desaparecidos y el respeto al Estado de Derecho tras el golpe a la Corte Suprema con la destitución de cientos de jueces.
En una entrevista concedida a una emisora de radio, donde ha acudido para defender la Ley de Agentes Extranjeros propuesta por el Gobierno –que según sus críticos podría controlar y restringir las donaciones y la financiación a las organizaciones no gubernamentales (ONG)–, Bidegaín ha asegurado que en las protestas se cometió «vandalismo», recoge ‘La Prensa Gráfica’.
Así, ha defendido la importancia de aprobar la ley en cuestión, cuyo objetivo es evitar que se financien actos de «vandalismo, anarquía y desorden público». En este sentido, ha explicado que, bajo la normativa, todos los agentes extranjeros estarán obligados a registrarse y presentar un registro bajo juramento para la Fiscalía. «Un país ordenado, un país disciplinado, solo puede sacar cosas positivas», ha incidido.
La oposición y abogados salvadoreños consultados por el diario ‘El Salvador’ han advertido de que la legislación pretende restringir la financiación de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en el país centroamericano. Nicaragua cuenta con una ley similar.
El Gobierno de Nayib Bukele ha culpado a entes extranjeros de estar detrás de las masivas protestas contra su Ejecutivo que se han celebrado recientemente. El proyecto de ley ha sido presentado después de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) donara 300 millones de dólares a organizaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras que trabajan con asuntos migratorios.