La «justicia» (MP y OJ) al servicio del oficialismo, persigue a los opositores

Amalgama de poder de la alianza oficialista se enfoca en quienes considera «enemigos«

«Nadie está por encima de la Ley», ha declarado la fiscal general Consuelo Porras, al justificar el acoso al que quiere someter al diario elPeriódico y a su presidente, José Rubén Zamora, mientras se confirman acciones en contra de otras personalidades, a las que la alianza oficialista considera «enemigos» y quiere mover de su camino, pues constantemente denuncian la corrupción e impunidad imperante.

La lista –que tiende a crecer–, incluye a operadores y ex operadores de justicia, dirigentes de organizaciones sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos, entre otros. En cambio, mientras aumenta este listado, se debilitan los casos existentes por corrupción y cesan las investigaciones contra los grupos de la alianza oficialista, especialmente contra funcionarios y diputados.

En el MP, la fiscal Porras ha intensificado la rotación de fiscales en puestos clave, con nombramientos que debilitan a las fiscalías relacionadas con la corrupción y la defensa de los derechos humanos, con el fin de evitar que surjan investigaciones que puedan alcanzar a altos funcionarios o jefe militares.

La fiscalía más afectada es la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), luego de la salida de Juan Francisco Sandoval, quien de ser perseguidor de los corruptos ha pasado a ser perseguido por el MP, por considerarlo uno»enemigos» de la alianza. Al frente de esta dependencia se ha nombrado al fiscal Rafael Curruchiche, a quien no se considera independiente en sus investigaciones.

Según ha podido saber Crónica hay gran malestar entre los demás fiscales de la FECI, pues se consideran «controlados» por el despacho de la fiscal general.

Algunos nombre de esos «enemigos»

Además de Zamora y Sandoval, hay varios nombres de quienes ya sufren acoso por parte de la justicia. Entre ellos se puede mencionar a los jueces de mayor riesgo Yassmin Barrios, Pablo Xitumul, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes han solicitado públicamente que el MP que conozca y desestime una serie de denuncias que se han planteado en su contra por ser espurias y son parte de la intimidación que sufren. No hubo respuesta a su solicitud.

Los jueces de Mayor Riesgo acudieron al MP para pedir que se desestimaran las acciones en su contra, por ser presiones en contra de su independencia. No tuvieron respuesta favorable.

La practica que mantiene el MP es tomar cualquier denuncia de personas o grupos afines al oficialismo, y darles trámite para utilizarlas contra los «enemigos». Es una practica similar a la que se ha seguido contra el exfiscal Sandoval y el periodista Zamora.

Los jueces de Mayor Riesgo suelen recibir solicitudes de antejuicio, a las cuales da trámite la CSJ, mientras que las solicitudes contra diputados o funcionarios por casos de corrupción no prosperan. También han denunciado nacional e internacionalmente que reciben presiones y hasta amenazas a causa de mantenerse como jueces independientes.

En el Congreso de la República, las bancadas de la alianza oficialista, mantienen activo el antejuicio contra el magistrado independiente Francisco de Mata Vela, mientras se niega el derecho a ser juramentada de la magistrada electa para la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, quien se mantiene en el exilio por temor a represalias judiciales en Guatemala.

Hay otros «enemigos» que el oficialismo considera «incómodos» y están bajo la mira de la justicia. Entre ellos se puede mencionar al diputado Aldo Dávila (Winaq) y el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. Ambos tienen expedientes en proceso, aunque tienen inmunidad por su cargos, la cual, sin embargo, les puede ser retirada en sus respectivas instancias.

Este tipo de acciones contra «enemigos» u «opositores» se han venido incrementando en la medida en que la alianza oficialista ha incrementado su control y poder sobre todas las instituciones importantes del país.

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