La directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, interpuso una recusación en el caso de supuestas plazas fantasma creadas en esa entidad. La exdiputada busca apartar a la juez Virginia Amparo de León de ese expediente judicial.
La funcionaria, además, argumenta que la juzgadora había externado opinión por haber autorizado a la Fiscalía contra la Corrupción el secuestro de evidencia, así como los allanamientos.
Carrillo también manifestó que hubo uso excesivo de la fuerza durante el operativo. Este fue dirigido por Eduardo Pantaleón, fiscal que tenía a su cargo las pesquisas, pero fue trasladado a otra sección del Ministerio Público.
De León deberá aceptar o rechazar los argumentos vertidos por la directora del Instituto de la Víctima. La recusación fue presentada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y ahora.
Antecedentes
El 24 de junio pasado, la Fiscalía contra la Corrupción realizó la diligencia en la sede del Instituto para la inspección, registro y secuestro de evidencias.
En ese momento, el fiscal Eduardo Pantaleón quien se encontraba a cargo de la investigación señaló que la misma se había derivado por una denuncia que se presentó en abril de este año, por la posible contratación anómala de 109 personas.
Entre los hallazgos se logró determinar que el personal no se eligió por medio de las bases establecidas de contratación, sino por “apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”.
El 9 de julio, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó el traslado del fiscal Pantaleón a la Unidad Liquidadora, una fuente señaló a La Hora, que el cambio se realizó para apartarlo de la investigación en contra de Carrillo y no para resguardar su integridad como se argumentó.