Hay suficientes razones para las protestas: corrupción, impunidad e incapacidad
Este día se está llevando uno de los movimientos populares más significativos de los últimos años. Organizaciones indígenas, grupos sociales, estudiantes y ciudadanos en general, han salido a manifestar en contra del abuso de la alianza oficialista que controla todo el sistema de justicia del país y se exige la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras.
Aunque el detonante de este movimiento, llamado en redes sociales #ParoNacional29J, ha sido la destitución arbitraria del jefe de la FECUm Juan Francisco Sandoval, la protesta obedece al hastío de la población, que mira frustrada como continúa la corrupción galopante, y la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus.
Al menos se han reportado bloqueos y manifestaciones en 20 departamentos y en la ciudad capital, todos enfocados en expresar , pacíficamente, repudio a las acciones de la alianza oficialista, que durante los últimos meses ha logrado el control de las cortes, castrando literalmente a la justicia guatemalteca, mientras los casos de corrupción van en aumento y la impunidad es marca registrada.
En Crónica sostenemos que Guatemala se ha convertido en un Estado fallido, producto de un sistema político que se ha coligado con mafias, estructuras criminales y grupos con intereses espurios, lo que se ha traducido –tristemente– en un descalabro institucional, que impide que haya un trabajo serio, responsable y transparente para atender las necesidades de la población.
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La destitución de Sandoval trajo consigo un destape de más porquería. Se confirmó algo que algunos sabían, en el sentido de que la fiscal Consuelo Porras era una pieza importante para mantener el manto de impunidad. Es la tapadera de todo lo sucio que sucede en el Estado. El valiente exfiscal resultaba una piedra en el zapato de los corruptos y del pacto oficialista, por lo que se decidió su salida.
Poco importó a Giammatei y Porras que organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y, particularmente el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestaran públicamente su respaldo a Sandoval, a quien sabía en la cuerda floja, por tener que trabajar cirtualmente con el enemigo, ya que la tarea de la fiscal general es detener las investigaciones contra funcionarios o grupos de la alianza oficialista.
Desde la presidencia de la República se impulsó hace meses un movimiento para controlar el sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia se ha convertido en una marioneta de la clase política. el Congreso se niega a realizar la elección de nuevos magistrados para el Organismo Judicial y, cuando lo haga, llevará a personas ad hoc para que la impunidad no termine.
En esta coyuntura, el sector empresarial ha ido tomando poco a poco una postura más cercana a la alianza oficialista, lo que puede convertirse en un error de gran magnitud, porque estarán del lado de un gobierno corrupto e incapaz, y en contra de los sectores populares, una fórmula que en otros países se ha traducido en la llegada de grupos radicales, como ocurrió con el chavismo en Venezuela o el sandinismo en Nicaragua, para citar únicamente dos casos.
El presidente Giammattei, que desde la llanura como eterno aspirante a la presidencia se dedicó a pedir a gritos –literalmente– la renuncia de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, recibe ahora un repudio más fuerte, porque proviene de sectores populares que, hay que tenerlo presente, son mayoritarios en el país.
Está justificado el movimiento #ParoNacional29J, porque Giammattei y Porras representan corrupción e impunidad. Está justificado el Paro Nacional, por la incapacidad del Gobierno en la campaña de vacunación–rodeada además de dudas, corrupción e ineficiencia–. Está justificado porque las autoridades de Salud y el Gobierno en general, no han sido capaces de tomar medidas asertivas para el control del covid-19.
Pero además, está justificado el paro, porque el país se se ha vuelto inviable por los altos niveles de corrupción, que impiden que el desarrollo llegue a los más necesitados, lo que mantiene un éxodo permanente de guatemaltecos que tienen que salir del país en busca de oportunidades en Estados Unidos. Está justificado, porque las autoridades están coligadas con el narcotráfico, cada vez más presente en Guatemala.
Hay que hacer cambios profundos en nuestro sistema político. Si no se cambia la cabeza que debe dirigir el cuerpo, entonces continuaremos con las enfermedades, que resultan peor que la pandemia.
La lista de hechos que han llevado a estas propuestas puede ser interminable. Hay justificación absoluta para un paro. Hay justificación absoluta para que la mayoría de la población muestre su hastío, su desencanto y frustración con el sistema político.
Estados Unidos, crítico de los países donde predomina la corrupción, ha dejado claro que ya no hay confianza en la fiscal Porras. No extrañe pues, que las organizaciones populares de nuestro país, demanden su renuncia. El presidente Giammattei ha perdido la credibilidad ante amplios sectores de guatemaltecos –incluso ante muchos que no protestan este día, pero que no lo ven transparente–, y su posición se ve debilitada, aunque mantiene de su lado a poderosos grupos como son las mafias, los militares –también vinculados al crimen organizado–, a grupos empresariales y a los otros poderes del Estado.
Lo que estamos viendo hoy es un movimiento que no se detendrá en un día. Es un movimiento que puede crecer tanto, como la falta de una respuesta aceptable de parte de las autoridades, llegue pronto. Al parecer, las protestas esta vez pueden supera a las de 2015..