En una carta firmada con fecha 9 de diciembre, la junta directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y los directivos de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, pidieron que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Patricia Valdés apruebe un bono de riesgo de no menos de 6 mil quetzales.
Los magistrados han justifican su solicitud a causa de los riesgos físicos y sociales que enfrentan. En la circular enviada al Organismo del Estado, aseguran que como el Ministerio Público ya otorgó beneficio a sus empleados (presupuestados y no presupuestados), también los magistrados puede optar a este bono.
Los firmantes del escrito sostienen que la CSJ ya había autorizado este tipo de ayuda en 2005. Los magistrados Benica Contreras y Roaldo Chávez y los jueces Mario Alberto Taracena y Eduardo Santo piden que su petición sea aprobada por el pleno de la Corte, pero que también la presidenta de ese organismo los reciba para atender a su inquietud.