| En la conmemoración de los hechos que en esta semana se comentan, se pasan a segundo plano tres elementos fundamentales que quiero destacar: el asesinato de Epaminondas González Dubón, el papel de la Instancia Nacional de Consenso –INC– y la Reforma Constitucional que las élites se recetaron en 1993, el verdadero objetivo estratégico de quienes manipularon la INC a su antojo. |
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
Este martes 25 de mayo se cumplieron 28 años del primer autogolpe de Estado abierto, público y reconocido. El primero fue el de Gabino Gaínza, quien en la mañana del 15 de septiembre de 1821 era el Capitán General del Reino en representación de la Corona Española y en la tarde del mismo día, ya era el primer presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica. En esa época todavía no existía la República de Guatemala, la cual surgió hasta el 21 de marzo de 1847 con Rafael Carrera; por lo que podemos decir que el autogolpe de Jorge Antonio Serrano Elías el 25 de mayo de 1993, fue el primero.
Entusiastas y superficiales opiniones surgirán, tanto del lado de los Miwatecos, que son mayoría, como en la acera de enfrente por parte de los Whitemalans. Unos y otros se referirán con detalle a lo que pasó, con datos más o menos ciertos sobre personajes, fechas, horas, lugares y supuestos, pero concluyendo todos ellos y ellas, en que el Serranazo fue una barbaridad y que nos debería servir de lección para evitar futuras dictaduras, como si la de 1954 a nuestros días no lo fuera; y evitar atentados contra la democracia chapina, que es una especie de ejercicio griego-romano con producto mejorado por estos dos mil años de práctica.
No abordaré detalles sobre las minucias del Serranazo, pues muchos escritores serán prolijos en estos días, e incluso, personajes serios que no se inscriben en la clasificación del párrafo anterior, lo abordarán con especial acuciosidad, aunque tal vez no lleguen a lo toral del asunto.
El suscrito seguirá con su enfoque histórico, sistémico y estructural, para dar una mirada más seria y global a los hechos.
Inicialmente, debo puntualizar que la realidad política, sociocultural y económica de Guatemala no ha variado diametralmente en cuanto a su estructura desde la intervención mercenaria hace 67 años. De hecho, de 1954 a 1985, se sucedieron gobiernos militares consecutivos que cumplieron con la formalidad de unas elecciones de fachada pero que, en realidad, constituían una dictadura castrense.
La narrativa elitaria, la misma que pretende hacernos llorar al jugar La Sele y cantar el himno, hizo creer a las mayorías que, en 1984, con la nueva Constitución Política de la República, el camino a la “verdadera democracia” quedaba allanado.
Recurro a un paralelismo histórico necesario sobre las dos últimas Cartas Magnas, pues en este volcánico territorio, nada sucede por casualidad, ya que la mano que mece la cuna, siempre se encarga de hacer magia.
Para evitar la segunda llegada a la presidencia del Dr. Juan José Arévalo, los militares dieron golpe de Estado a Ydígoras Fuentes (31 de marzo de 1963) y una vez conjurado el peligro de una regresión democrática (1944-1954) se recetaron una Constitución anticomunista y ultraconservadora.
Como complemento, obligaron al Partido Revolucionario, ganador de las elecciones de marzo de 1966, a firmar un documento llamado Concordato y que, en esencia, dejaba en manos del alto mando del ejército todas las decisiones de un gobierno civil de fachada, pero que era esencial y profundamente militar.
Veinte años más tarde, el alto mando castrense repitió la fórmula con dos golpes de Estado sucesivos: el 23 de marzo de 1982 primero (Ríos Montt) y el 8 de agosto de 1983 después (Mejía Víctores). Nuevo pacto político con el beneficio perverso que brinda gozar de un gobierno de facto (dictadura) y el apercibimiento –bajo distintas formas– hacia el nuevo gobernante, que lo era solo en teoría, como años más tarde lo reconoció el propio Vinicio Cerezo.
Cinco años antes del Serranazo (mayo de 1988) se había suscitado el primer golpe de Estado técnico contra el gobierno democristiano de Cerezo, el cual se reforzó con el siguiente golpe (el más visible) de mayo de 1989, tan solo un año después.
Por si las cosas no habían quedado claras, en agosto de ese mismo año, asesinan al verdadero arquitecto de las pláticas de paz, el ex embajador de Guatemala en España, carismático líder y alto dirigente de la Democracia Cristiana Guatemalteca: Danilo Barillas.
Cuando Serrano da la sorpresa y gana las elecciones[i] llega con una debilidad partidaria enorme y con el respaldo de pocos, pero influyentes empresarios. Esto lo obliga a utilizar el erario para satisfacer las cada vez más exigentes extorsiones de los diputados hacia el poder ejecutivo. Como era de esperarse, la cuerda se reventó, como pasa con todas las extorsiones y no le quedó más recurso que el autogolpe de todos conocido.
Varios empresarios que apoyaron la llegada del ex pastor protestante, después se erigieron en sus más fervientes opositores. El apoyo de su Iglesia El Shaddai no fue suficiente y los militares que lo respaldaron en el autogolpe, más pronto que tarde le dieron la espalda, fieles a la historia de deslealtad castrense.
Aunque varios personajes públicos empresariales movieron y manipularon a la INC, hay un personaje fundamental de quien hasta hace poco se decía que “ponía y quitaba presidentes”. Me refiero al que llamo el barón de la política: Juan Luis Bosch, cuyo primo es la cara visible del consorcio, pero él era quien constituía el poder real, omnímodo y más o menos oculto.
La manipulación era necesaria para esconder el objetivo estratégico que animaba a los empresarios, quienes tenían en la banca nacional, su principal herramienta de dominio. Evitar que el Banco de Guatemala financiara al Estado y que, por supuesto, ellos lo pudieran hacer a través de lo privado y con intereses leoninos, como era su sueño acariciado.
En el camino, se lograron otras reformas constitucionales que consolidaban su dominio y escondían el leitmotiv. El Serranazo fue la tormenta perfecta y la caída en desgracia del susodicho, les facilitaba a las élites responsabilizarlo de lo que fuese, incluyendo el crimen de Epaminondas, cuyo asesinato en abril de 1994 se simplificó como pasa con tantos otros pero que, en realidad, fue producto de un entramado complejo no tan público.
La famosa Instancia Nacional de Consenso unificó, muy puntualmente, al movimiento social y algunos grupos empresariales «progres», lo que amplió su espectro de acción, erigiéndose en el frente “antidictatorial” por excelencia.
El Acuerdo Legislativo 18-93 de fecha 17 de noviembre de 1993 (Reformas Constitucionales) ratificado en consulta popular del 30 de enero de 1994, se basó en un proyecto redactado por Mario Fuentes Destarac, Luis Beltranena Valladares y Fernando Quezada Toruño., los tres, ligados a las élites y, en el caso de Quezada, hermano del capellán del ejército y posterior Arzobispo.
El poder omnímodo de los bancos se catapultó con estas reformas constitucionales y luego se acrecentó, aún más, con el manejo centralizado de las remesas familiares.
Serrano comprobó cómo, quienes desde una posición de poder político y económico lo habían entronizado en el Guacamolón, luego lo traicionaron. Misma suerte que corrió Alfonso Portillo, quien fue puesto por los mismos personajes corporativos y ya sabemos cómo terminó.
Epaminondas era disidente en muchos sentidos y eso incomodó a las élites, máxime estando en la presidencia de la Corte Celestial. Con él, pasó lo de Gerardi, después de dar a luz el REHMI, fue brutalmente asesinado. En este caso, dejaron pasar la Consulta Popular que dio legalidad a las reformas constitucionales y en abril de 1994 (un viernes santo), el presidente de la CC tuvo su escarmiento fatal.
La llegada de Ramiro De León Carpio a la presidencia, la depuración gatopardista del Congreso y la CSJ y otros entresijos, fueron el aliño perfecto para encubrir dos cosas vitales para las élites: El empoderamiento iterativo de los bancos que concentran el poder financiero oligárquico/corporativo/emergente, así como el allanamiento para la puesta en vigor del Consenso de Washington, las medidas de ajuste estructural y la privatización, lo cual llegó con Arzú.
No se entretenga con los detalles, escudriñe lo no visible y compruebe una vez más, cómo funcionan las cosas en Xibalbá.
[i] Ya he dicho en innumerables ocasiones que nada pasa por sorpresa y que las elecciones son un ejercicio que las élites hacen anticipadamente y que luego le dan carácter de fiesta cívica para hacerlo más creíble.