La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) suspenderá la asistencia a instituciones del Gobierno de El Salvador debido a la acción de la Asamblea Legislativa, aliada de Nayib Bukele, de destituir al fiscal general y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, y «preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas».
La administradora de la USAID, Samantha Power, ha manifestado, en un comunicado, una «profunda» preocupación por esta cuestión, por lo que ha decidido «reorientar» la asistencia que hasta ahora prestaba a la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Así, el financiamiento ahora se utilizará para «promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorizar los Derechos Humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de Derechos Humanos», ha precisado la administradora.
«El respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia», ha apuntado Power, para incidir en que Estados Unidos sigue «firmemente comprometido» con el apoyo a la gobernabilidad democrática de la región.
Mejorar condiciones económicas
En este sentido, ha subrayado que colabora con diversos sectores para «mejorar las condiciones económicas y de seguridad» y para «abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica».
La agencia estadounidense dice en su página web que en El Salvador apoya actividades de salud, protección, higiene y otras relacionadas la pandemia, pero también aborda necesidades humanitarias causadas por la migración y por fenómenos climáticos extremos, como huracanes o sequías.
Tras el anuncio de la agencia estadounidense, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha criticado la decisión y ha avanzado que las ONG no recibirán financiamiento local.
«El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado. Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades», ha indicado el mandatario a través de su perfil de Twitter.
Rechazo internacional
El 1 de mayo, el Parlamento de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó destituir en la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024 a los magistrados de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo y al fiscal general, Raúl Melara, para nombrar en su lugar a funcionarios presuntamente afines al Ejecutivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han rechazado las destituciones en el aparato judicial de El Salvador posteriormente a la medida.