Naciones Unidas manifestó su «profunda perturbación» ante la nueva ley aprobada esta semana por el Parlamento ugandés, y que supone «el enaltecimiento de la criminalización de las relaciones homosexuales, del trabajo sexual y de los enfermos de VIH».
La nueva Ley de Delitos Sexuales «despierta graves preocupaciones en el ámbito de los Derechos Humanos», según ha manifestado Rupert Colville, el portavoz de la Alta Comisionada de la ONU sobre los DDHH, a pesar de que su proclamación ha ido acompañada de «esfuerzos para combatir la violencia sexual en general», como el endurecmento de las penas para los delincuentes y el incremento del respaldo a las víctimas durante los juicios.
Naciones Unidas lamenta que Uganda siga sin despenalizar las relaciones homosexuales — por mucho que el castigo se haya reducido a diez años de prisión en lugar de la cadena perpetua –. «El hecho sigue siendo que tales relaciones siguen criminalizadas», según Colville, en una demostración de que «la estigmatización, la discriminación y la violencia contra la población basadas en su orientación sexual y la identidad de género siguen siendo habituales» en el país africano.
Sobre la crisis del VIH, el portavoz también se ha declarado alarmado ante una provisión de la ley que obliga a los acusados a hacerse la prueba y declara la afección como un «agravante» porque «la gente acaba teniendo miedo de hacérsela». Decisiones como ésta podrían desembocar en la expansión del VIH en el país y en el África subsahariana, en palabras del portavoz.
Además, la ONU también expresa su preocupación sobre otro aspecto de la ley que prescribe la pena de muerte para delitos como la «violación con agravante» al ir en contra del derecho a la vida y de los convenios internacionales firmados por Uganda.
Además, Naciones Unidas recuerda que, durante las negociaciones de la ley, se eliminó una propuesta que permitía a las víctimas negar su consentimiento durante o después del sexo, y repudia igualmente la criminalización de las personas que faciliten el trabajo sexual, lo que obliga a sus ocupantes a recurrir a subterfugios adicionales, con el incremento del riesgo para sus vidas que ello conlleva.
Por todo ello, Naciones Unidas pude a Uganda que «enmiende las provisiones de la ley que no se ajustan a las normas del derecho Internacional, que despenalice las relaciones homosexuales en toda su legislación, y que combata la violencia, la discriminación y el estigma contra la gente con VIH, las trabajadoras sexuales y la población LGBT.