El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se reunó este martes con la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en medio de la crisis política que atraviesa el país tras la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional y del fiscal general con la aprobación de una mayoría oficialista afín al presidente, Nayib Bukele.
La reunión fue anunciada por diputados de la oposición, que cuando intentaron acceder al plenario para la sesión de este martes personal de seguridad los detuvo, pues se estaba llevando una reunión con un diplomático en su interior, recoge ‘La Prensa Gráfica’.
- La información que se conoce hasta el momento indica que Zúniga llegó acompañado por el encargado de Negocios estadounidense en la nación salvadoreña, Brendan O’Brien.
- La reunión se confirmó horas después por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien indicó que se trató de un encuentro «cordial» para «fortalecer» las relaciones bilaterales.
«Ellos tenían su punto de vista sobre la coyuntura política y las decisiones que hemos tomado como Asamblea», precisó, aunque indicó que entre los temas abordados en la reunión no estuvo la destitución de los jueces del Constitucional ni los préstamos que negocia El Salvador con su vecino del norte. Sin embargo, conversaron sobre «fortalecer leyes, para trabajar el tema de migración».
Segunda visita
Se trata de la segunda visita al país centroamericano que hace el funcionario estadounidense este año, aunque en la primera no se reunió con representantes del Gobierno.
Por otro lado, 12 organizaciones de la sociedad civil presentaron a Zúñiga una carta en la que piden la cooperación de Estados Unidos para solucionar la crisis política en la nación, con el objetivo de «restaurar el orden constitucional roto por las decisiones del presidente Bukele y su bancada legislativa».
En este sentido, plantearon cinco acciones para lograr esto, que pasan por solicitar la activación del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a iniciativa de Estados Unidos, para activar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y apoyar que la Asamblea rechace las renuncias de los jueces del Constitucional y del fiscal general, ya que se dieron bajo «coacción».
Siguiendo esta línea, que se reconozca la valide de la sentencia del propio tribunal declarando inconstitucional el decreto de la Asamblea y que se presenten responsabilidades entre quienes «gestaron, acompañaron y ejecutaron el golpe de Estado al órgano judicial».