CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD, CRISIS INSTITUCIONAL, OFICIALISMO, CONFLICTIVIDAD…
El sistema político –iniciado en 1986– no produce beneficios para la población y mas bien ha generado una serie de vicios que ahogan a la sociedad, sumida, en su mayoría, en la pobreza, desesperanza y falta de oportunidades. El problema, es que, para reformar el Estado, necesariamente hace falta la voluntad de los mismos políticos, que se resisten a cualquier cambio.
Análisis de Crónica
Opacidad, corrupción e impunidad son los factores que predominan en la administración pública. Guatemala se sitúa entre los países con los peores índices de desarrollo humanos de Latinoamérica, solamente comparables con países como Haití y Honduras, dos naciones que, curiosamente, también navegan con este tipo de problemas.
Tras poco más de un año, la administración del presidente Alejandro Giammattei parece haber perdido la confianza de amplios sectores de la sociedad, mientras las criticas en las redes sociales muestran un claro desencanto, sobre todo, por los casos de corrupción que persisten y el incumplimiento de las promesas de campaña más significativas –eliminar la SAAS, salirse del Parlacen y no meter las manos en la justicia–.
A ello, hay que sumar el ambiente denso que se vive a causa de la pandemia por el covid-19, la cual ha causado severos daños a la economía, los cuales repercuten en el orden social, con crecimiento del desempleo y malestar por el mal manejo de la crisis, con retraso y anomalías en los programas sociales. Finalmente, el golpe de las tormentas Eta e Iota a final del 2020, agravó la situación social en el país.
A eso hay que sumar la actitud asumida por los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, que han cohesionado un frente común con mafias, políticos y aliados del oficialismo, con el fin de remachar el marco de impunidad –que ya existe– por medio del control absoluto del sector justicia.
La idea para esto es asegurar el control de la próxima Corte de Constitucionalidad (CC), que debe asumir el 14 de abril próximo, y luego, que el Congreso elija, a su conveniencia, a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de apelaciones, cerrando así el círculo vicioso.
Brote de inconformidad
Como se pronosticaba desde finales de año pasado en Crónica, este 2021 será complicado a causa de ese ambiente de frustración que se percibe por la política, agravado por el deterioro de la situación socioeconómica. La primera demostración que se ha dado llegó desde el interior, por medio del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).
Las cuatro marchas realizadas el 18 de febrero en la capital, sirvieron para plantear las exigencias de este sector: a) renuncias del presidente Giammattei y de la fiscal General, Consuelo Porras; y b) la nacionalización de importantes sectores económicos, como la electricidad, la telefonía y el petróleo. También se hizo la denuncia pública de un supuesto fraude en las elecciones de 2019.
No se espera que ninguna de sus peticiones progrese, pero por declaraciones de los líderes indígenas campesinos se puede esperar que esta sea apenas la primera de otras protestas de esta organización, que cuenta con una amplia base social y tiene la mira puesta en la actividad política.
De hecho, se sabe que Codeca es el brazo social del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que ya participó en las últimas elecciones, con la líder indígena Thelma Cabrera como candidata presidencial, quien ocupó el cuarto lugar, con el 10.37% de los votos, un resultado importante para un partido que participaba por primera vez.
El asalto a la CC
Más que una teoría de conspiración, por diversas fuentes se ha confirmado que existe un plan estructurado por parte del sector político para asegurar el control de la nueva CC en abril próximo. La estrategia, relativamente sencilla, es que la actual CSJ, el Congreso y el presidente Giammattei, escojan magistrados para la sala constitucional, que sean afines a sus intenciones. Ninguno de estos organismos del Estado apuesta por la independencia judicial.
El Congreso ha retardado con esa intención la elección de magistrados de la CSJ, para que sea la actual corte, que obedece a sus lineamientos, la que nombre a dos magistrados que sigan la misma línea oficialista.
Igual harán el Congreso y el Ejecutivo, este último, sin tomar en cuenta la postura del vicepresidente, Guillermo Castillo, quien ha pedido que el proceso de elección se haga de manera transparente y pública, antes de ser sometido a votación en Consejo de Ministros.
Eso significaría que los tres poderes del esto, unidos en interés común, tendría tres votos titulares y tres suplentes asegurados –la mayoría–, dentro de lo que la oposición llama pacto de corruptos.
Pero ha trascendido que también quieren impulsar o influir en las designaciones que provengan de los otros dos electores: el Colegio de Abogados (Cang) y la USAC. Los operadores políticos se mueven, aunque en estas dos instituciones hay influencias que provienen de otros grupos con coincidencia de intereses, como son las mafias y el crimen organizado.
Oídos sordos
En rechazo a que se instale una nueva CC con intereses espurios, se ha pronunciado la comunidad internacional y agrupaciones de la sociedad civil. El llamado G13, de países donantes, encabezados por Estados Unidos, ha intentado presionar con fuerza en las altas esferas de los tres poderes del Estado.
Aunque por mandato constitucional, no puede haber injerencia de uno de los poderes del Estado en otro, ha trascendido en medios diplomáticos que el canciller Pedro Brolo ha hablado con varios embajadores de esos países acreditados en Guatemala, para decirles que cualquier solicitud de reunión con bloques legislativos, debe pasar primero por el Ministerio de Relaciones Exterior.
Esto, porque diputados de la alianza oficialista recibieron solicitudes de reuniones de parte de algunos embajadores extranjeros, supuestamente para pedir una elección transparente. Los diputados se negaron a conceder las audiencias y se quejaron con la cancillería para pedirle que detuviera dichas solicitudes.
Los diplomáticos han manifestado malestar, a la vez que preocupación por la forma en que se evita escoger magistrados que sean honorables, independientes y capaces.
En fuentes cercanas a la presidencia de la República se habla de no ceder, tomando en cuenta que pueden existir varias investigaciones contra funcionarios, diputados y magistrados, abiertas por casos de corrupción, muchas de las cuales podrían terminar en la CC, para decidir posibles amparos dentro de procesos judiciales, tales como los antejuicios contra funcionarios, diputados y magistrados y jueces.
En el Congreso de Estados Unidos, la representante Norma Torres –de origen guatemalteco–, hace lobby con varios de sus colegas, para que se haga pública la lista de funcionarios, diputados y magistrados que están vinculados con hechos de corrupción. Con eso se lograría que el Departamento de Estado les retire la visa. Se ignora si el presidente Giammattei podría ser incluido.
En medios diplomáticos consultados para este análisis, se hizo ver que no se descartan acciones de presión mas directas y claras, especialmente de parte de Washington y el bloque de la Unión Europea.
A pesar de las amenazas, el plan trazado para controlar la CC avanza y los siguientes pasos podrían ser reducir el poder de investigación de la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), y cambiar al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, con lo que se borraría la posibilidad de acciones contra el oficialismo y sus aliados.
Conflictividad a la vista
En la madrugada del 18 de noviembre, la alianza oficialista en el Congreso aprobó de manera anómala y oscura el Presupuesto de Gastos de la Nación para el año 2021. Se disparó el malestar social, y durante dos sábados consecutivos, el 21 y 28 de ese mes, se dieron protestas masivas en La Plaza. En la primera jornada se produjo un ataque contra el Congreso, aparentemente provocado por infiltrados, mientras la Policía Nacional reprimía violentamente a los manifestantes.
Esa movilización ciudadana logró dos de los objetivos: se dio marcha atrás con la aprobación de ese presupuesto, y Giammattei accedió a disolver el Centro de Gobierno y prescindir de los servicios de Miguel Martínez, aunque en las semanas sucesivas ha reubicado a todos los amigos de la pareja que trabajaban en dicha dependencia.
El ambiente sociopolítico permite suponer que la conflictividad social puede aflorar en cualquier momento. Aquellas manifestaciones pacíficas, sumadas a la demostración de Codeca, permiten suponer que la integración de la nueva CC, sumado a la situación de crisis socioeconómica, podrían provocar nuevos brotes de protesta.
¿Nexos entre administraciones?
Otro detonante que puede crear conflictividad e ingobernabilidad, es el relacionado con las investigaciones de corrupción que sigue el fiscal Juan Francisco Sandoval (Feci), específicamente en torno al hallazgo de Q123 millones en efectivo en una caleta, localizada en un residencial en Antigua Guatemala, dentro de una casa alquilada por el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La indignación, aunque poco manifiesta, existe.
Hasta finales del año anterior, ninguna investigación parecía unir en hechos de corrupción a las administraciones de Giammattei y Jimmy Morales. Sin embargo, los investigadores de la Feci encontraron –aparentemente–, un nexo entre Benito y el exsecretario Privado de la Presidencia, Giorgio Bruni Batres, quien renunció precipitadamente al cargo, luego de enterarse de que era objeto de un seguimiento en sus finanzas.
La situación se quedó al descubierto, cuando la Feci da a conocer que se allanó la casa de Bruni Batres para buscar indicios que confirmen su vinculación con dinero que habría movido Benito para el funcionario cercano a Giammattei. El silencio que ha guardado el Gobierno en torno a la repentina salida del amigo del mandatario, permite suponer que pronto podría haber noticias que empañen más la gestión de la actual administración.
El fin: seguir con impunidad
En conclusión, el objetivo de fortalecer el marco de impunidad controlando la CC, podría provocar un nuevo disparador. El presidente y sus aliados no están dispuestos a repetir el error que cometieron Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes accedieron a extender el mandato de la CICIG en Guatemala y terminaron en la cárcel, señalados por corrupción.
En todo caso, lo que pretenden es controlar la justicia y luego que la Fiscal General, Consuelo Porras, cumpla con su parte del plan, que es debilitar a la Feci o salir del fiscal Juan Francisco Sandoval. Estas son acciones que podrían seguir después de la elección de la nueva corte de Constitucionalidad, si la conflictividad social no alcanza un nivel exagerado de protestas y tengan que limitar su accionar.