La Comisión Europea propuso este miércoles que las reglas de disciplina presupuestaria y gasto público por parte de los gobiernos del bloque sigan suspendidas hasta finales de 2022, ya que la pandemia de coronavirus aún afecta gravemente a la economía.
Estas reglas habían sido suspendidas hace un año, cuando la Unión Europea (UE) se sumergió en una profunda recesión por el brutal impacto de la pandemia.
La suspensión de los límites permitió a los países de la UE disponer de dinero para recuperar sus economías y ayudar a las empresas a sobrevivir a las medidas de restricción y confinamiento.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, adelantó que la decisión definitiva sobre el tema sería adoptada “en la primavera” boreal (de marzo a junio), a la luz de nuevas previsiones sobre el desempeño de la economía.
“El principal criterio –agregó– será saber si el nivel de actividad económica en la UE o en la Eurozona supera el que registró antes de la crisis”.
Poco antes, en una nota oficial, Dombrovskis había señalado que la suspensión de los límites de gastos “debe permanecer activa en 2022, y ser desactivada en 2023”.
Para ese entonces se espera que la economía europea esté en plena recuperación, y así la UE volvería a implementar la disciplina presupuestarias y los límites al gasto público.
“Hay una luz de esperanza en el horizonte para la economía de la UE, pero por ahora la pandemia sigue lastimando los estándares de vida de las personas y a la economía en general”, señaló el funcionario.
Por ello, acotó, “nuestro mensaje es que el apoyo fiscal debe continuar mientras sea necesario”.
Por su parte, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, señaló que la batalla contra la pandemia aún no ha sido ganada y por ello “para 2022 es claro que el apoyo fiscal aún será necesario”.
“Es mejor equivocarse por hacer demasiado que por hacer muy poco”, añadió.
La normativa europea, conocida como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es un conjunto de reglas que limitan el gasto público al 3% del PIB y la deuda pública al 60%.