Autoridades del Ministerio de Salud Pública sostuvieron una reunión con el intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, para abordar el proceso de ingreso de las vacunas COVID19 al país por medio de la Aduana Express Aéreo ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
De acuerdo con la titular de la cartera de Salud, Amelia Flores, el protocolo para que ingreses las dosis podría tardar ocho horas, “pero con el apoyo de la SAT este proceso se realizaría en solo una hora, tomando en cuenta que se trata de un beneficio para la población guatemalteca”, indicó.
Por aparte, Ovalle aseguró que la Superintendencia “dará todo el apoyo al momento que se vaya a dar el ingreso de las vacunas, estamos tomando este tema como estratégico y prioritario en la institución”.
El Gobierno ha lanzado un plan de vacunación, ya que la proyección de las autoridades del MSPAS es que a todo el personal de primera línea de los nosocomios y centros de salud se le inocule en su puesto de trabajo, pero hasta el momento se desconoce la fecha exacta en que ingresarán las dosis.
Norma de excepción de responsabilidad
Ante las posibles reacciones adversas que podría generar la vacuna contra el Covid-19 en la población guatemalteca, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó el 18 de febrero en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 40-2021, el cual establece la norma de excepción de responsabilidad y compensación por reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas.
El Acuerdo establece que para garantizar el acceso universal de las dosis, Guatemala debe emitir los instrumentos legales necesarios “que regulen la excepción de responsabilidad, derivada de reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas”.
Asimismo, el documento indica que ninguna persona será obligada a vacunarse contra el Covid-19. Añade que cada persona firmará un consentimiento que ratifica que fue informado sobre los beneficios y riesgos de la vacuna, incluyendo las posibles reacciones adversas.
Además, el acuerdo explica que las empresas farmacéuticas fabricantes de las vacunas contra el Covid-19 “gozarán de inmunidad de juicio“. La única excepción en la que podría responsabilizarles por “acciones y omisiones dolosas o gravemente culposas, por incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas”.