| La historia personal y política de Biden no permite esperar quimeras. O nos constituimos en un frente ciudadano organizado y CON CLARIDAD POLÍTICA o nuestro destino seguirá siendo recoger migajas y sobrevivir… |
José Alfredo Calderón
Historiador y analista político
La comunidad de personas y grupos que creen en la justicia, la democracia, la independencia judicial y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, tiene algo que los identifica: una expectativa sobredimensionada sobre lo que esperan que hará la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Ante la carencia de una masa ciudadana amplia y fuerte y la debilidad organizacional que acusa el movimiento social y la sociedad civil, muchas personas apuestan al “milagrito del norte”. Se genera una expectativa desproporcionada sobre lo que hará y/o dejará de hacer el equipo de demócratas en el nuevo gobierno de Estados Unidos. Cierto que, inusualmente, se rompe el equilibrio y ahora los azules del burro[i] tienen el control de las dos cámaras y el Organismo Ejecutivo. De esto, a que utilicen todo su poder para favorecer las expectativas de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, tal como se la imaginan muchos en Guatemala, hay un mar de diferencia.
Entre las primeras acciones de Biden hay muchas expectativas favorables para diversos sectores hacia lo interno y externo de EE. UU. Sin embargo, en términos de beneficios para la región centroamericana, y concretamente el Triángulo Norte, todavía son difusas las claras intenciones de EE. UU. Que como sabemos, “no tiene amigos, solo intereses”.
De las 17 medidas iniciales relevantes, pocas en realidad afectan directamente a nuestros países. Detener la construcción del muro fronterizo, la extensión de la pausa al pago de deudas estudiantiles (cuyo beneficio es muy limitado hacia centroamericanos residentes y legales en EE. UU.); el espaldarazo a los Dreamers que se limita a quienes llegaron siendo niños; la mitigación de las detenciones a ilegales (no suspensión), así como sumar a los indocumentados al censo, no representan medidas estructurales que vayan a beneficiar en forma esencial y profunda a nuestros paisanos que migran.
Es tal la necesidad y desesperación por generar esperanza que, nombramientos de latinos y personas negras, provocan narrativas por la simple condición racial, historias de experiencias familiares o nuevas sensibilidades por ser minorías. Que el origen latino de Alejandro Mayorkas, nuevo Jefe del Departamento de Seguridad Interior, quien llegó a EE.UU. siendo bebé, como refugiado político junto a su familia tras la revolución cubana (o sea anticastrista) puede aumentar su sensibilidad hacia la población latina. O que la condición migrante de la familia de Antony Blinken, nuevo Secretario de Estado, puede orientar una política migratoria más favorable a las masas que viajan por extrema necesidad y miedo. O que la condición de ser la primera mujer en dirigir la comunidad de inteligencia de Avril Haines (Directora del Centro Nacional de Inteligencia que dirige 16 agencias), puede variar ostensiblemente las políticas de seguridad del coloso. O la asunción de afroamericanos como el Secretario de Defensa (general retirado Loyd Austin), el Asistente del Secretario de Estado para el Hemisferio Oeste (Brian A. Nichols) y Linda Thomas-Greenfield como nueva embajadora de EE. UU. ante la ONU.
Quienes generan estas narrativas de nuevas sensibilidades, olvidan que la política de Estados Unidos está por encima de esas condiciones y orígenes. Por supuesto que hay cosas importantes en la nueva estrategia hacia el Triángulo Norte, pero todavía es muy vaga para hablar de cambios sustanciales que beneficien a los tres países. Los principales elementos de esta estrategia son:
- Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y $4 mil millones para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica;
- Movilizar la inversión privada en la región;
- Mejorar la seguridad y el estado de derecho;
- Abordar la corrupción endémica;
- Priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico;
- Abordar la inseguridad alimentaria como la causa principal de la migración, al invertir en programas que combaten la desnutrición en el Triángulo Norte, particularmente en el altiplano occidental de Guatemala y en el Corredor Seco a lo largo de la costa del Pacífico de América Central;
- Revocar las visas a los Estados Unidos y congelar los activos de personas sindicadas de corrupción de El Salvador, Guatemala y Honduras;
- Aumentar la presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro de los EE.UU. en sus embajadas en Centroamérica con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita, y crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para investigar la corrupción en el Triángulo Norte.
- Priorizar fondos adicionales para capacitar a fiscales en políticas y procedimientos anticorrupción especializados.
- Apoyar los mecanismos anticorrupción existentes mientras se trabaja con aliados para crear una comisión regional, con el fin de combatir la corrupción, construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción.
Para quienes hablan de un regreso de CICIG o de la creación de un órgano similar, está claro que los norteamericanos están pensando muy diferente. De hecho, se habla de coordinar con los fiscales locales de cada país y no en una entidad todopoderosa externa.
Al final, el escenario concreto es el siguiente:
- Es complicado que haya acciones contra los actuales gobernantes, a menos que se presenten situaciones muy comprometedoras como relacionamiento explícito con el narcotráfico.
- Como bien apunta Edgar Gutiérrez: “A estas alturas nuestro sistema general está tan podrido, y los agentes corruptos y criminales han copado casi todas las oficinas públicas, que es imposible una cacería total”.
- Es indispensable la acción interna. EE. UU. tiene sus propios intereses relacionados estrictamente a Seguridad y Migración. Sin acción interna organizada, coherente y fuerte, no pasará NADA.
[i] Como dato interesante es bueno saber que tanto la mascota republicana (el elefante) como la demócrata (el burro) fueron creadas por el mismo autor: Thomas Nast, quien durante su permanencia en Harper’s Weekly, de 1862 a 1886, se convirtió en el primer gran caricaturista político de Estados Unidos, y uno de los satíricos más severos. Causa gracia que el origen de las mascotas es crítica y burlona hacia ambos partidos, pero ambas organizaciones las acogieron con beneplácito.