José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
El día de ayer miércoles 21 de octubre, tuve el privilegio de participar en el cierre del III Congreso Internacional de Jueces con una conferencia cuyo título encabeza mi artículo de hoy. Gracias a la invitación de la Asociación de Jueces por la Integridad tuve la oportunidad de dirigirme a fiscales, defensores y jueces, así como varios representantes internacionales que participaron en este ciclo de conferencias.
Expuse en mi conferencia que, en Guatemala, el Organismo Judicial es el poder del Estado menos sujeto a la mirada pública. Si no fuera por los y las valientes activistas de las organizaciones de sociedad civil que monitorean el tema de justicia, muy poco se sabría de las dinámicas espurias que alcanzaron a ese organismo. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo se llevan las deshonrosas palmas a la hora del juicio crítico de la sociedad. Difícilmente pasa un día en el que no sean noticia los funcionarios públicos de esos entes, sea por actos de corrupción, por manifiesta incapacidad, por acciones de compadrazgo o nepotismo, por vinculaciones a la narcoactividad o simplemente por actos vergonzosos a los que ya –vergonzosamente también– nos tienen acostumbrados, como el caso del diputado Cándido Leal del partido oficial (VAMOS) quien descaradamente detiene su lujoso vehículo en pleno tránsito para orinar en la vía pública con el mayor desparpajo.
Por muchos años se creyó que la administración de justicia estaba exenta de esos desmanes y que, dada la formación profesional de sus integrantes, era más difícil que incurrieran en actos de corrupción y toda clase de variables que ahora son ampliamente conocidas por la población. Muchos magistrados, jueces, secretarios, oficiales y hasta personal administrativo y operativo, se ven involucrados en delitos tales como: colusión, prevaricato, retardo malicioso, denegación de justicia, perjurio y falso testimonio, omisión de denuncia, presentación de testigos falsos y una larga lista más. Cuando se creyó que las acciones de la magistrada Blanca Stalling (actualmente procesada) eran lo más escandaloso, toma la estafeta un juez como Mynor Moto para dejarnos estupefactos. Lo peor es que no son los únicos, sino que hay muchos más. Si no fuera por la valiente actitud de jueces como Miguel Ángel Gálvez, Ericka Aifán, Haroldo Vásquez, Pablo Xitumul, Carlos Ruano, Dinora Martínez y otros, la justicia no contara con ningún reducto moral dentro del Organismo Judicial.
Incluso instituciones relacionadas con la administración de justicia también fueron afectadas y cooptadas, destacando la situación del Ministerio Público, cuya jefa es ya vergüenza internacional.
El asalto a las cortes representa el ataque final a la reserva moral del Estado, lo cual no fuera posible sin la cooptación previa de los otros dos organismos del poder público.
Como lo he explicado ampliamente, asistimos a acciones y comportamientos que no son aislados, sino que forman parte de un proceso inspirado en el pensamiento contrainsurgente y ultramontano. Los operadores políticos siguen este patrón desde el gobierno del partido Patriota (2012-2015) y el objetivo final es la cooptación TOTAL del Estado con toda su institucionalidad, haciendo énfasis en todos aquellos espacios democráticos relacionados con la Paz y la Justicia. La partitura espuria es la siguiente:
- Vulgarización de la política. Si algo ha facilitado el proceso de cooptación, es la catadura moral de quienes se dedican al ejercicio político. No solo las acciones de los llamados políticos son cada vez descaradamente peores, sino que el perfil de quienes se dedican a esto es de lo más básico. Cualquiera –literalmente– puede hacer “política”. Y si algún representante de la mal llamada “clase política” quiere aparentar, pues están las universidades de “garaje” y, ahora, lamentablemente, la propia USAC[i]. Basta revisar, además, la portentosa cantidad de maestrías y doctorados obtenidos en muy poco tiempo, a pesar de que se supone, que el ejercicio de los cargos públicos de alto y mediano nivel genera largas jornadas de trabajo que complican el estudio como actividad adicional.
- Ampliación de los mecanismos de corrupción: Por paradójico y triste que parezca, la corrupción se ha “democratizado” y ha alcanzado a muchos sectores y personas que antes se creían inalcanzables. La variedad de formas espurias para embelesar y atraer personas para los aviesos fines de las mafias, así como los montos y alcances son impresionantes. Las campañas millonarias en municipios pequeños y poco poblados, así como la propia Universidad de San Carlos con sus elecciones facultativas internas, muestran un despilfarro y acciones de cooptación nunca vistas.
- Del Pacto de Corruptos a la Alianza Criminal: Durante muchos años, la “clase política” acarreó con el desgaste y la vindicta pública de sus acciones. Eso mismo hizo que llegaran a extorsionar a sus financistas y patrones, es decir, las élites del poder económico del país. De esta forma, paulatinamente empezó a salir a luz que, personajes de cuello blanco, estaban relacionados con los que concentraban el desprecio popular. Empresarios, religiosos fundamentalistas, burócratas y contratistas corruptos del Estado devenidos ahora en capital emergente y la propia “clase política”, se amalgamaron y del pacto de corruptos se pasó a la Alianza Criminal, la cual ya es pública y descarada. Atrás quedó la vergüenza del G-8 y otros empresarios cuando la CICIG los sentó en el banquillo de los acusados por financiamiento ilícito y evasión de impuestos. Hoy, hasta hacen un zoom con la Fiscal General y apoyan abiertamente a los presidentes de los tres organismos del Estado.
- De la cooptación casi total, al asalto final de las cortes. En cualquier sociedad democrática basada en un estado de derecho, la justicia representa el corazón de la democracia. Las mafias locales lo saben y una vez penetrados los diferentes centros del poder político, se disponen a ir por dos cosas fundamentales: la cooptación total de la Corte Suprema de Justicia y el asalto a la Corte de Constitucionalidad. Aunque en el caso de la primera ya tienen amplia mayoría, quieren descartar disidencias por mínimas que estas sean (María Eugenia Morales y Delia Dávila básicamente). En el caso de la segunda ya han avanzado por hechos fortuitos, pues del 4 a 1 que se venía dando en las votaciones, la muerte del magistrado Bonerges Mejía (representante de la USAC), la grave enfermedad de Neftalí Aldana (representante de la CSJ) y las groseras presiones a Gloria Porras, quien también se encuentra con quebrantos de salud, tienen a la máxima corte neutralizada y con el final de su mandato a la vuelta de la esquina (21 de abril de 2020).
Las elecciones en Estados Unidos preocupan a las mafias locales. Por eso la virulencia y urgencia de sus acciones. En todo caso, la Alianza Criminal está más amplia y consolidada que nunca y están dispuestos a resistir mediante el aislamiento internacional, si se llegare a necesitar.
El nacionalismo y su estandarte, la “soberanía”, esconderán su miedo a perder privilegios en este bello paisaje con pretensiones de país.
La pregunta sigue siendo: ¿Seguiremos siendo simples espectadores y víctimas?
[i] El último caso conocido es la graduación en 15 días del ingeniero Miguel Martínez del Centro de Gobierno, después de 5 años de no poder hacerlo.