El movimiento estudiantil prodemocracia tailandés se intensificó desde hace tres meses y, por primera vez en la historia del país, algunos militantes no dudan en pedir una reforma de la realeza, hasta ahora un tema tabú.
Más de unos veinte manifestantes fueron detenidos el jueves, entre ellos líderes de la protesta, tras la entrada en vigor de un decreto de urgencia que prohíbe las reuniones políticas de más de cuatro personas. El día anterior, en Bangkok, varios miles de manifestantes marcharon hacia la casa del gobierno. Esto es lo que sabemos de la situación:
¿Qué reclaman los manifestantes?
El movimiento a favor de la democracia pide la dimisión del primer ministro, el general Prayut Chan O Cha, en el poder desde el golpe de estado de 2014 y legitimado por elecciones controvertidas el año pasado.
También reclama una modificación de la constitución, puesta en marcha en 2017 bajo la junta y muy favorable al ejército.
Algunos activistas van más allá y piden una reforma de la poderosa y riquísima monarquía, exhortando en particular al fin de una ley de lesa majestad que castiga severamente toda difamación contra un miembro de la familia real.
En virtud del artículo 112 del Código Penal, difamar, insultar o amenazar al Rey o a su familia se castiga con una pena de tres a 15 años de prisión. Esta ley, que deja mucho espacio a la interpretación, permite castigar cualquier crítica de la monarquía, especialmente en las redes sociales.
Por ejemplo, en 2017, un hombre fue condenado a 35 años de prisión por publicar y comentar en Facebook sobre la familia real.
No se ha utilizado en los últimos años, ya que los manifestantes son perseguidos por otros motivos.
¿Por qué ahora?
El factor desencadenante fue la disolución, en febrero, de un reciente partido de oposición muy popular entre los jóvenes.
El cierre del país, al que los turistas no tienen acceso debido a la pandemia de coronavirus, ha sido devastador para su economía y aumentó las desigualdades sociales ya escandalosas.
En junio, la desaparición inexplicable del activista prodemocracia tailandés Wanchalearm Satsaksit, en Camboya, también desencadenó una ola de indignación en las redes sociales y, desde mediados de julio, en las calles.
Hasta 30,000 personas desfilaron a mediados de septiembre, en la mayor manifestación desde el golpe de estado de 2014.
El movimiento del miércoles suscitó especialmente la cólera de las autoridades, ya que los participantes obstaculizaron por unos instantes el paso de un cortejo real, con manifestantes alzando tres dedos en señal de desafío.
¿En qué se diferencia de los anteriores movimientos de protesta?
En los últimos decenios, Tailandia experimentó numerosas manifestaciones violentas y 12 golpes de estado desde el fin de la monarquía absoluta en 1932.
Pero atreverse a atacar a la monarquía no tiene precedentes.
Maha Vajiralongkorn, que ascendió al trono en 2016 tras la muerte de su padre, el venerado rey Bhumibol, es una personalidad controvertida. En pocos años, reforzó sus poderes, tomando directamente el control de la fortuna real.
Sus frecuentes estancias en Europa, incluso en plena pandemia de coronavirus, también han suscitado interrogantes.
¿Con qué apoyo cuentan?
Mitigado. El movimiento es, por el momento, esencialmente estudiantil y urbano.
Se ha extendido a las escuelas secundarias del país, donde los adolescentes visten nudos blancos en señal de solidaridad.
Por su parte, los que apoyan la realeza han organizado contramanifestaciones, en las que han participado personas de más edad, que protestan contra lo que consideran una afrenta a la monarquía.
El miércoles, varios cientos de personas participaron.
¿Y después?
El decreto de urgencia permite a la policía detener a cualquier persona sospechosa de haber participado en las manifestaciones.
Sin embargo, es difícil saber si el movimiento continuará después de la detención de sus principales líderes.
«Se prevén nuevas confrontaciones entre los partidarios pro-realezas y el movimiento anti-establishement», advierte Thitinan Pongsudhirak, politólogo de la universidad Chulalongkorn.
La repentina vuelta de tuerca de las autoridades corre el riesgo de «acentuar las quejas de la juventud», que desfila por las calles desde este verano (boreal), y por ello las tensiones.