Algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, en conferencia de prensa, pidieron la destitución del jefe del Departamento de Organización Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Sergio Antonio Escobar Antillón, por incumplimiento y desacato a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ratificó al legislador Óscar Argueta como secretario general de esa agrupación política.
“Le pedimos a los magistrados del TSE la remoción de este señor que ha actuado parcialmente en el ejercicio del cargo”, afirmó el congresista Orlando Blanco.
Los parlamentarios acusan a Escobar Antillón de actuar a favor de la excandidata presidencial Sandra Torres, luego de reconocerla como Secretaria General de la UNE.
“Este señor fue nombrado por el presidente del TSE, Mynor Franco, el pasado 10 de junio del presente año y dos días después dictaminó que Sandra Torres seguía al frente del partido a pesar del proceso legal que ella tiene en su contra”, afirmó Blanco.
Nombramiento queda en suspenso
El pasado 1 de septiembre, la CC resolvió dejar en suspenso el nombramiento de Torres como Secretaria General de la UNE, esto luego de declarar sin lugar los recursos de apelaciones interpuestos por el Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección del Registro de Ciudadanos del TSE y por la misma excandidata presidencial.
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La máxima corte en materia constitucional validó la sentencia emitida por el Juez Tercera de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que otorgó un amparo al congresista Óscar Argueta, quien reclama ser el representante legal de la agrupación política en mención.
“Estamos en una batalla legal. Sandra Torres debe entender que es momento de dar un paso atrás. Acá el asunto es que ella tiene un impedimento legal que prohíbe ejercer la Secretaría General del partido, es por ello que la Corte de Constitucionalidad le corrigió la plana, incluso, al TSE –Tribunal Supremo Electoral-“, aseguró el diputado r Argueta.
Torres fue capturada el 2 de septiembre de 2019 en su residencia, luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la señalaron de ocultar al TSE un aporte económico privado por unos Q27.1 millones en la campaña de 2015.