Gonzalo Marroquín Godoy
La palabra ‘deschongue’ se utiliza para describir un gran relajo, o cuando una situación se sale de control y causa mucho ruido.
Pareciera que no es suficiente con todo lo que el covid-19 está provocando en el país. Contagios sin control; estadísticas confusas y poco convincentes; denuncias de médicos y del propio Colegio de Médicos; hospitales sin abastecimiento total –como debiera ser–; ministerio y hospitales que no ejecutan presupuesto; falta de transparencia y compras dudosas; y los muertos que ya superan los dos mil… y van en ascenso.
¡Ah!, pero a la clase política no le basta con la pandemia y el peligro que representa. Todo lo contrario, intenta aprovechar que la atención ciudadana está principalmente enfocada en la calamidad pública existente, para llevar agua a su molino y trata de mantener y prolongar el estatus quo –es decir la situación actual–, en donde el poder judicial está sometido al poder político y en donde reina la impunidad –¡para los amigos!–.
Hay una peligrosa lista de acciones que se están encaminado y tienden a debilitar la ya casi inexistente institucionalidad que hay en el país. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), mostrando su sometimiento a la clase política, dio trámite al antejuicio de los magistrados de la CC –Gloria Porras, Neftaly Aldana, Francisco de Mata y Bonerge Mejía–, cuyas cabezas son solicitadas por la alianza oficialista en el Congreso. Los diputados afines al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, corrieron para crear la comisión pesquisidora. Por sendos amparos la CC ordenó detener el trabajo de la pesquisidora.
Aquí viene algo aberrante. Al igual que Jimmy Morales y la anterior directiva del Congreso, la alianza infernal se niega a obedecer el fallo del máximo organismo judicial del país –cuyas resoluciones son inapelables por mandato constitucional–, en un rompimiento al estado de Derecho y abierto desacato.
El tango que se baila detrás de la pandemia no para. La alianza oficialista en el Congreso, con el apoyo del propio Giammattei, quiere la cabeza de Jordán Rodas (PDH), aunque no cuenta con los votos necesarios. No contentos con ese deschongue, la semana pasada se lanzaron contra el vicepresidente Guillermo Castillo –ahora amparado también por la CC–. El presidente salió a dar un tibio Willy, estoy con vos, cuando se sabe que las relaciones entre ambos han llegado a su punto más bajo, al extremo de que el gobernante ha quitado todo protagonismo a Castillo, quien ganaba puntos por sus intervenciones a favor de médicos y personal de hospitales en las primeras semanas de la pandemia.
El vicepresidente no avaló el intento presidencial por intervenir el IGSS hace un par de meses y entonces ahora se busca una vía administrativa para quitar a Carlos Contreras de la presidencia de esa institución.
Pulsos políticos, pulsos institucionales, porquería y más porquería. Dos magistradas de la CSJ –María Eugenia Morales y Delia Dávila–, hicieron pública la forma anómala en que se ha trabajado en esa Corte, tapadera de muchos, símbolo de impunidad.
Triste e indignante lo que estamos viendo. No les basta saber que en mayo del año entrante podrán asaltar formalmente la CC con la elección de nuevos representantes –pueden tener incluso los cinco a su disposición–, sino desean tenerla sometida desde ahora. No les importa el daño que hacen a la institucionalidad. La vicepresidencia, el IGSS, la PDH y la CC están bajo acoso, pero el Congreso, la CSJ y el propio Ejecutivo se desprestigiarán más de lo que ya están. No importa, quieren controlar todo.
A ver si con tanto esfuerzo por terminar con la maltrecha institucionalidad del país no terminan por provocar un caos a nivel nacional, en medio de la pandemia. En política, predecir el futuro no es fácil, mucho menos cuando el ambiente nacional es tan turbio como en este momento. Giammattei, diputados y magistrados deben meditar bien el daño que pueden provocar al país de persistir estas acciones, verdaderamente irresponsables.