Por Carlos Raúl Kestler
Este jueves, en una citación en el Congreso convocada por la bancada Semilla, el director del Sistema Penitenciario (SP), Luis Rodolfo Escobar Ovalle, reveló que hay 72 reos diagnosticados con COVID-19 dentro del sistema carcelario.
Pero ¿qué riesgo implica este brote para la salud de los guatemaltecos? Analistas y funcionarios consideran que aumenta la probabilidad de que los hospitales se saturen y que haya deficiencias para detener los contagios.
El 6 de junio el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aplicó 70 pruebas al Sector 1 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, que cuenta con 13 sectores formales y reúne a 4 mil 707 privados de libertad. Las autoridades revelaron que 69 dieron positivos y 1 negativo.
El 28 de mayo, dos reclusos provenientes del Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango fueron diagnosticados con el virus.
De acuerdo con la PDH, solo ocho privados de libertad infectados con el nuevo coronavirus han sido trasladados a hospitales fuera de los presidios; tres están en cuidado intensivo en el Hospital Roosevelt y cinco han fallecido. Uno de ellos provino del sector 2 del Preventivo de la zona 18, un lugar en donde el MSPAS no ha efectuado hisopados.
Entorno perfecto para el contagio
La analista Corinne Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que los centros penales son el “entorno perfecto” para la propagación del coronavirus debido al hacinamiento, las precarias condiciones higiénicas y el mal estado de salud de los reclusos.
“Veamos a la primera persona infectada del Sector 1 del Preventivo de la zona 18. Allí, 500 personas se expusieron. Si todos se enferman podrían ir al Parque de la Industria, que tiene, según datos del Gobierno, solo tres mil espacios. Quizás no todos vayan a ese lugar, pero se ve la dimensión. No hablamos de 10 personas; la red hospitalaria en poco tiempo podría colapsar”, explica.
Guatemala cuenta con 21 centros penales que, al 2 de junio, albergaban a 26,142 privados de libertad. La capacidad máxima de estas cárceles es de 6,089 reos, por lo que hay una sobrepoblación del 430 por ciento. Por cada cuatro reclusos, hay un solo espacio, según estadísticas del SP.
Para Gerardo Villamar, defensor de las Personas Privadas de Libertad de la PDH, el SP enfrenta dos retos, aunque ha aplicado las medidas de prevención, necesita más pruebas e infraestructura para atender casos.
“La salud en las cárceles sobrepobladas siempre ha estado vedada. No ha habido suficientes medicamentos para atender a los enfermos y con esta pandemia se complica. Ahora necesitan ver si tienen lugares disponibles para atender a más infectados y hacer más hisopados”, comenta.
Estrategias para evitar brotes
Autoridades del MSPAS y el SP comentaron en la citación del Congreso que se comprometen junto con el Organismo Judicial a diseñar protocolos de atención interna y de reacción si un privado de libertad resulta infectado con COVID-19. «Ya vamos tarde», señaló la diputada Lucrecia Hernández Mack.
Se consultó a Julia Barrera, vocera del MSPAS, sobre el plan que la cartera tiene para distribuir pruebas en los presidios de todo el país, pero no dio respuesta al cierre de esta nota.
Carlos Morales, vocero del SP, asegura que se habilitó la cárcel Fraijanes II para recibir a reclusos contagiados. “En mayo se habilitó el centro para reunir a alrededor de 500 personas infectadas”.
“Si se necesita, vamos a habilitar un área más grande para recibir a unos 200 más. En el resto de las cárceles se habilitaron áreas específicas para aislar a quienes que den positivo mientras se puedan trasladar a Fraijanes II o al Hospital Roosevelt, si estuvieran graves”, indica.
Para Dedick, debe haber un mecanismo más eficiente para proteger a la población carcelaria de la pandemia. “El Organismo Judicial podría ver si se les puede dar temporalmente una prisión domiciliar en lo que termina la crisis. Pero no aplica para todos y dependería del delito que cometieron. Es necesario, además, hacerse pruebas”.
“Combatir el COVID-19 dentro de las cárceles será una tarea que continuará después de la pandemia, ya que el ambiente carcelario es distinto a lo que pasa afuera, por el hacinamiento hay posibilidades de rebrotes que expondrán a los trabajadores y a las comunidades cercanas”, concluye.