El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple el lunes su primer año de gobierno con una imagen popular fortalecida por el combate a la violencia criminal, y con críticas a su estilo, calificado de «autoritario» por opositores y analistas.
Bukele, de 38 años, empresario y exalcalde de San Salvador, inició un mandato de cinco años el 1 de junio de 2019, tras poner fin a un bipartidismo entre el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que habían gobernado los últimos 30 años.
«Desde mi visión ha sido una gestión autoritaria, opaca, irrespetuosa de la legalidad y desastrosa de la gestión pública», dice Jeannette Aguilar, investigadora Independiente, que hace estudios para organismos internacionales incluida la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La oenegé Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó en un análisis de la administración que, sin el respaldo de un partido grande, Bukele «recurrió a un discurso basado en la antipolítica».
«El primer año de gestión del presidente Bukele se caracterizó por el deterioro de las condiciones de gobernabilidad democrática, como consecuencia de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo», añadió la organización.
Fusades citó la «militarización» de la Asamblea Legislativa (Parlamento), en referencia a la incursión de Bukele al Congreso con miembros de las fuerzas armadas el 9 de febrero, para presionar por la aprobación de un préstamo orientado a respaldar su estrategia de seguridad.
El enfrentamiento del presidente y el Parlamento desencadenó una crisis institucional sin precedentes y planteó dudas sobre la vocación democrática del presidente, según Fusades.
«Ha sido una gestión autocrática que ha tratado de imponer a fuerza su propia voluntad», sostuvo Aguilar, quien consideró que en un año Bukele «ha llevado a un retroceso de unos 20 años de avances institucionales y democráticos».
El mandatario se quejó luego de que la Asamblea Legislativa se negara el 14 de mayo a prorrogar el estado de emergencia por la pandemia de covid-19, y de que la Corte Suprema de Justicia invalidara dos de sus decretos ejecutivos.
«Un grupo pequeño mal informado dice ‘Ese Bukele es un dictador’, si quienes me están quitando las funciones son otros órganos», se defendió el presidente.
Menos homicidios
La represión a las pandillas y la reducción de los homicidios, que han puesto a El Salvador entre los países sin guerra más violentos del mundo, es según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) el principal logro del mandatario.
Su plan de seguridad, parte del programa de gobierno denominado Cuscatlán, «ha dado como resultado una disminución de homicidios que es sin precedentes en el país», dijo a la AFP el director de Fespad, Saúl Baños. «Es un reconocimiento que nadie lo puede negar», señaló.
El gobierno ha ordenado a la policía y el ejército el uso de la fuerza para afrontar a las pandillas. En plena pandemia, se difundieron fotos de pandilleros hacinados en prisiones donde se mezclaron grupos rivales, poniendo fin a una separación que se mantuvo por décadas.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, Bukele recibió el país con una tasa de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes y cerró 2019 con 36.
La proyección es finalizar 2020 con 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, en gran parte por la cuarentena total decretada en marzo para enfrentar la pandemia.
Mauricio Cardoza, un maestro que a diario recorre San Salvador, dice que «en las calles se respira un ambiente de mayor tranquilidad» por la reducción de la delincuencia.
Una encuesta publicada por el matutino La Prensa Gráfica el 24 de mayo reveló que 92,5% de los encuestados aprueba la gestión de Bukele, muy por encima de sus antecesores.
Aunque el avance sobre la criminalidad contrasta con otros aspectos. No se puede «advertir un rumbo claro del país en materia económica, pero en seguridad pública se tiene una clara reducción de homicidios», apuntó Roberto Cañas, profesor de Ciencias Políticas de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Economía golpeada
Con 6,6 millones de habitantes en 20.742 km2, El Salvador afrontará este año una caída económica de 4.3%, según estimaciones de Banco Mundial, que lo posicionan como el país centroamericano «más golpeado» por la pandemia del nuevo coronavirus.
A ello se suma el desempleo y el crecimiento de la pobreza, dijo a la AFP Oscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR).
Otro signo alarmante para la economía del país, según Cabrera, es la caída de 40% en las remesas familiares de abril, sumado a un descenso de 51% en las exportaciones y de 33% en las importaciones.
El Salvador, que tiene una economía dolarizada, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a realizar un ajuste fiscal de 2.5% entre 2021 y 2023, lo que significa aumentar impuestos especiales a los combustibles y al consumo en dos o tres puntos porcentuales.