La organización Alianza por las Reformas envió una carta a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, en atención a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que resolvió en definitiva la acción constitucional de amparo presentada por el MP.
Dicha acción fue realizada en contra de la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA).
Según indica la alianza, la CC ordenó en su sentencia al Ministerio Público remitir al Congreso de la República un informe circunstanciado de la totalidad de los profesionales que conforman las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación.
Con el informe mencionado, los legisladores contarán con información sobre la investigación penal efectuada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y todos los detalles que evidencien a determinados postulantes que no son idóneos para ocupar el cargo de una magistratura.
“Como organizaciones que observamos el proceso realizado por las Comisiones de Postulación, deseamos hacer de su conocimiento que en los listados entregados al Congreso hay 54 candidatos/as contra quienes se presentaron objeciones. Esa información hace dudar sobre la honorabilidad e idoneidad para optar al cargo en la CSJ y CA”, detalla la carta.
Por consiguiente, Alianza por las Reformas solicitó que que se cumpla con lo ordenado por la CC para que el informe contenga la información sobre la existencia de otros procesos penales contra los postulados, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal conferido a favor de los profesionales postulados.
Por último, las organizaciones que conforman la coalición aseguraron que el MP juega un papel trascendental en el actual proceso de elección, por lo tanto recomendaron que el informe sea acorde con lo que ordena la CC, ya que eso evitará que “personas de dudosa honorabilidad” ocupen cargos importantes en las Cortes y pongan en riesgo el Sistema de Administración de Justicia.