Al concluir el juez Miguel Ángel Gálvez su extensa resolución sobre los casos Cooptación del Estado, Financiamiento de partidos políticos y La Cooperacha —pueden ser más de 30 días de audiencia— ha mostrado que hizo un análisis profundo y sin duda la más larga exposición que un juez ha pronunciado en la historia de primeras declaraciones en el país. Este punto no marca más que el inicio de prolongados procesos judiciales.
Redacción de Crónica
Cuando el juez Miguel Ángel Gálvez lee un libro, pone atención a la introducción y lo que está alrededor y me puede dar más información. Solo después de esa preparación principia su lectura. La misma atención concede a los procesos judiciales que conoce. Esta vez no ha sido la excepción, en medio de la audiencia de la primera declaración más extensa en la historia judicial del país.
Cinco largas jornadas, hasta el cierre— ha necesitado el juez Gálvez para argumentar y sustentar la resolución para los 57 implicados en los casos Cooptación del Estado, Financiamiento de partidos políticos, y Coperacha, en los que están acusados desde los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pasando por exministros, empresarios, y otros exfuncionarios menores, todos acusados de diversos delitos.
Todos los días, antes de salir de su casa para las audiencias, el juez Gálvez le pide a Dios sabiduría y fortaleza para tener paciencia en estas audiencias, que son tensas y cargadas. En efecto, tuvo que escuchar pacientemente la acusación contra los 57 implicados, luego escuchar a quienes de ellos quisieron dar su primera declaración, y finalmente a sus abogados defensores. Argumentos acusatorios y de descargo, a los que debe poner estricta atención.
La resolución final no es un problema del juez, porque yo me debo a los medios de investigación, ha explicado a Crónica el juzgador, quien sostiene que su fin siempre es dictar resoluciones transparentes y que las personas se den cuenta de cómo está todo.
Pocas dudas han quedado en el ambiente. Al cierre de esta edición continuaba la audicencia con la maratónica exposición del juez Gálvez, pero ya es evidente que hay pocas probalidades de que algunos de los implicados queden desligados del proceso.
Esta prolongada audiencia ha sido una muestra de lo complejo de los procesos judiciales y el largo camino que aún falta por recorrer. Ahora se debe entrar en la etapa en la que el Ministerio Público y la CICIG deben concluir la investigación iniciada para ir, casi seguramente, a juicio.
El juez Gálvez, quien reconoce admirar a su colega español Baltazar Garzón, con quien ha conversado en el pasado, destaca que en calidad de juzgadores nunca vamos a quedar bien con las dos partes, porque una de ellas queda inconforme con sus fallos o resoluciones.
En este caso, varios de los abogados defensores expusieron puntos adversos al juez, a quien consideran que se extralimita y presenta argumentaciones subjetivas.
En su extensa exposición, previa a la resolución, se pudo comprobar que Gálvez estudió los documentos, leyó las declaraciones de unos y otros, además de buscar la relación entre las pruebas. Trato de que las cosas no estén perdidas y que todo tenga sentido en su momento. Por eso se toma tanto tiempo para explicar las razones que tuvo para llegar a la resolución contundente.
Los prófugos
Aunque ha concluido con estas audiencias de primera declaración por los casos mencionados, hay varios implicados que son prófugos de la justicia y, en su momento, deberán pasar por el mismo proceso.
En el listado se incluye a los dos exministros del PP, Alejandro Sinibaldi y Erick Archila, a quienes se les implica en el Caso Coperacha, que sirvió para dar regalos a Pérez y Baldetti en sus cumpleaños. Ambos se encontraban fuera del país en el momento en que se dictaron las órdenes de captura.
La otra implicada que está en el exterior es Alba Elvira Lorenzana, representante legal de los canales 3 y 7, y esposa del magnate de la televisión, el mexicano Ángel González y González. De acuerdo con las pruebas presentadas por el MP, estos canales financiaron la campaña electoral del PP, pero utilizaron empresas de fachada para lavar el dinero, por lo que la implicación penal es fuerte.
González mantiene el monopolio de la televisión abierta en Guatemala (VHF), y tiene un gigantesco consorcio radial.
Curiosamente, todos saben quien controla y opera las frecuencias radioeléctricas, pero ninguna aparece legalmente a su nombre, lo que demuestra que mantiene una constante simulación de negocios que se repite en todo el continente.
González y su esposa residen en Key Biscayne en Miami, Florida, en donde el magnate tiene su base de operaciones, aunque las oficinas formales de su negocio las ha instalado en Uruguay, siempre por razones fiscales, para evitar el pago de impuestos en Estados Unidos.
En el momento en que Sinibaldi, Archila o Lorenzana se entreguen o sean capturados, deberán pasar por la etapa de primera declaración y, dependiendo del momento en que esto se produzca, se podría unir al grupo de procesados.
Se sabe que el diputado y expresidente del Congreso, Luis Rabbé, ha realizado gestiones en Nicaragua para obtener protección oficial del gobierno del presidente Daniel Ortega, con quien González tiene varios negocios e inversiones en canales locales.
El rumor es que tanto Lorenzana como el propio Rabbé podrían solicitar asilo político en Nicaragua o Ecuador, ya que en este último país González también ha tenido inversiones para favorecer al presidente Rafael Correa. La más sonada ha sido la compra del diario opositor El Comercio, el cual cambió su línea editorial con la compra por el grupo del empresario mexicano.