El expresidente Otto Pérez Molina, junto a otros cuatro implicados en el caso de corrupción Cooptación del Estado, pedirá al titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, ser beneficiado con arresto domiciliario ante la vulnerabilidad de ser contagiado de Covid-19.
Actualmente, el exgobernante guarda prisión en la cárcel ubicada en la brigada de Mariscal Zavala.
Los otros sindicados que solicitarán una medida sustitutiva son el empresario Jonathan Chévez; el exfinancista del extinto Partido Patriota, Raúl Osoy; Emilia Ayuso, extitular del Registro de Información Catastral (RIC), y Judith Ruiz, exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según el Organismo Judicial, las audiencias se llevarán a cabo del 6 al 13 de mayo.
El abogado defensor de Pérez Molina, César Calderón, aseguró que uno de los argumentos para solicitar la excarcelación del expresidente es el riesgo que corre por el nuevo coronavirus estando en prisión.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, confirmó a medios de comunicación que ya fueron notificados y citados para las audiencias solicitadas por los señalados.
De acuerdo con Sandoval, debido a que el caso aún están en la fase de pruebas, existe el riesgo de alguna resolución del juez pueda influir en peritos o testigos que quieran declarar en un posible juicio.
El caso
El caso Cooptación del Estado fue descubierto por la extinta Comisión Internacional Contra la Corrupción (CICIG) y el Ministerio Público el 2 de junio de 2016, el cual tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas al caso conocido como La Línea. A través de allanamientos y escuchas telefónicas se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
De acuerdo con la CICIG, se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011.
“Varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”, afirmó en esa ocasión el ente internacional.