Se han completado 30 años en los cuales se ha convocado periódicamente a diálogos nacionales, integrado mesas de discusión y negociación y debatido muchos temas, pero los resultados no llegan. Ahora estamos inmersos en esa misma situación, con las reformas a la Constitución, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y los temas de conflictividad social. La voluntad política de todas las partes se pone a prueba.
Álvaro Alay
¿Por qué esta vez debe ser diferente? Ese es el esfuerzo de las autoridades, para demostrar que los diálogos y mesas de discusión convocados serán distintos a los que se han dado en el país durante las últimas tres décadas.
Las reformas a la Constitución son objeto de un Diálogo Nacional —que ha entrado en su segunda fase—, los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se debatirán pronto, y varias mesas de discusión siguen abiertas para atender los temas de conflictividad y las demandas sociales de ciertos sectores, principalmente indígenas y campesinos.
Esta mecánica democratica de discusión no es nueva. Desde el retorno a la democracia en 1986, cada Gobierno ha recurrido a la mecánica de diálogo nacional, pero sin muchos resultados, a pesar de anunciarlos siempre con bombos y platillos; sin embargo, el final siempre ha sido el mismo: falta de consensos, rompimiento de las pláticas y cuando se han alcanzado acuerdos, estos no se han traducido en políticas nacionales de corto, mediano y largo plazo, que permitan salir del subdesarrollo social y económico.
El fondo del problema tiene un común denominador, la falta de voluntad de las autoridades de turno y de las élites políticas y económicas para resolver los problemas estructurales del país. También ha prevalecido la desconfianza, posiciones inflexibles, prejuicios y los intereses ocultos de las partes involucradas en la discusión, que han echado por tierra estos esfuerzos.
De tal cuenta que las discusiones solo han servido para lograr por algún tiempo gobernanza y para reflejar de manera cosmética que vivimos en una democracia.
Es por ello que existe la percepción arraigada en distintos sectores nacionales, de que estas instancias solo son un mecanismo meramente formal, que no ha dado resultados. La mejor evidencia es que no se han generado políticas que trasciendan gobiernos, y debido a ello cada cuatro años la administración de turno hace una especie de borrón y cuenta nueva.
En estos momentos el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los tres poderes del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos están impulsando un diálogo nacional para hacer reformas constitucionales en materia de justicia.
A diferencia de los anteriores ejercicios, en esta ocasión, expertos y analistas le dan el beneficio de la duda al proceso, debido a que es impulsado en buena medida por el MP y la CICIG, que han demostrado un combate frontal sin precedentes contra la corrupción y la impunidad.
La pregunta de fondo; sin embargo, sigue siendo ¿cómo hacer para que los diputados aprueben las reformas consensuadas sin manosearlas o modificarlas?
La mayoría coincide que en ello deberá jugar un papel determinante la población, que ya se dio cuenta de lo que puede lograr cuando se une en torno a un objetivo común, que debe salir a las calles para presionar a los legisladores que aprueben y, sin alteración alguna, los consensos que se alcancen en este Diálogo Nacional que está en marcha.
Si esa manifestación y apoyo masivo en las calles no ocurre, difícilmente las modificaciones constitucionales al sector justicia serán una realidad y todo quedará como ya ha ocurrido, en otra oportunidad de cambio desperdiciada.
Corre y va de nuevo
Cada Gobierno ha impulsado, además de diálogos nacionales, mesas de discusión para encontrar una solución a la problemática social y generar gobernanza. Aunque estos también evidencian los mismos vicios de los acuerdos nacionales.
La administración de Jimmy Morales ha seguido con esta práctica desprestigiada por anteriores administraciones y aunque aún falta camino por recorrer, todo parece indicar que será más de lo mismo.
La actual administración ha anunciado grandes diálogos para resolver los problemas laborales —en los cuales participarán autoridades del Ministerio de Trabajo— y de conflictividad social.
En este último caso, según el mapa de conflictividad del 2015, elaborado por la PDH, los principales detonantes de conflictos son la construcción de hidroeléctricas, explotaciones mineras, explotación de zonas petroleras y demandas de tierra.
Estos focos de ingobernabilidad son latentes en la región norte de Huehuetenango, Zacapa, San Juan Sacatepéquez, Quiché y San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala. Entre las causas está la falta de información de proyectos de extracción de recursos naturales y de generación de transporte y comercio de la energía eléctrica.
Así como la criminalización de los actores sociales y sus demandas y la negativa a aceptar los resultados de las consultas comunitarias.
Pero la instalación de mesas de diálogo no termina ahí. El vicepresidente Jafeth Cabrera encabeza otro esfuerzo nacional para consensuar reformas al sistema de salud, que permitan salir de la crisis, casi permanente, en que se mantienen los hospitales nacionales y los centros de atención médica de segundo y tercer nivel.
Paralelamente llevan a cabo pláticas con los 57 sindicatos del sector salud, para que se unifiquen en una sola voz; es decir, que exista un solo sindicato con quien se pueda negociar mejoras laborales en vez de hacer uno con cada uno.
También se está dialogando con Joviel Acevedo, dirigente del sindicato del Ministerio de Educación.
Alejandro Aguirre, director del Instituto por la Democracia (ID) de la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congcoop), comenta que la institución que representa ha estado presente en algunos diálogos, entre ellos el del sector salud; sin embargo, resalta que este no ha sido incluyente ni representativo.
Asimismo, indica que participaron en el diálogo para definir cómo se debe transparentar la ejecución presupuestaria, pero de igual forma, comenta que la convocatorio ha sido mínima.
Tiene mucho que ver la falta de voluntad política, muchos de esos diálogos son una pantalla para decir que están abiertos al diálogo, pero no son efectivos, se deben fomentar diálogos nacionales, pero que se concreticen, subrayó el director del ID.
Una estrategia dilatoria
Las mesas de diálogo que se han interpuesto en cada conflicto, han sido utilizadas como una medida dilatoria para evitar focos de conflictividad. En este tema coinciden analistas, al resaltar que en Guatemala un primer obstáculo en los diálogos son los prejuicios.
Mario Itzep, director del Observatorio de Pueblos Indígenas, considera que en el país hay un sistema de diálogo en el cual no hay voluntad política de los gobiernos; asimismo, resalta que los funcionarios que intervienen en estos procesos de discusión de los problemas nacionales no tienen la capacidad para llegar a consensos o bien obedecen a intereses de poderes con beneficios grupales, no hay transparencia en las pláticas y debido a ello se desmorona todo el proceso, por lo que se pierde la credibilidad.
En esta misma línea opina Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, al indicar que los diálogos no llegan a feliz término; es decir, no concretan resultados y rara vez dan solución real a los temas abordados entre los diversos sectores sociales y las autoridades de turno.
Agrega que a lo largo de los últimos años los diálogos han ido perdiendo credibilidad; no obstante, son fundamentales en una democracia; sin embargo, como sociedad debemos ser más ejecutivos en los resultados.
Desde el punto de vista de Álvaro Pop, analista político independiente, en estos procesos implementados en el país ha ganado el prejuicio y la desconfianza, eso ha impedido constituir espacios de diálogo efectivos, porque todos llegan bajo la convicción de que necesitan opciones colaterales para salirse de las mesas de discusión.
Llegan pensando cómo traicionar el diálogo y hay una afirmación de creencias de verdad total en cada uno de los que participan y por ello no están dispuestos a perder algo para que todos ganen. El diálogo es perder algo todos, para que todos ganen, subraya Pop.
Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de Huehuetenango, considera que uno de los obstáculos es entrar a discutir la problemática local o nacional, con prejuicios, es por ello la importancia de iniciar las pláticas con una mesa limpia; aunque, reconoce que es difícil porque cada quien forma sus ideas a partir de la visión que tiene de la vida en un sentido global, pero asegura que se tiene que llegar con la mente en claro. Otro obstáculo son los intereses que están ocultos, cuando es así, estos procesos están condenados al fracaso.
Castillo también agrega que uno de los inconvenientes es que el Ejecutivo parte los diálogos con los dados cargados y ya no hay uno solo que sea abierto y sincero, y muchas veces lo que se pierde en el proceso es la sinergia que generan diferentes actores para llegar a consensos mínimos.
En la gran mayoría de los casos no existe voluntad política, se engaña a la gente, se convoca a los diálogos, y al final sus reclamos nunca son resueltos y por ello toman medidas que incomodan —medidas de hecho—, pero para ellos es la única manera de llamar la atención de funcionarios, sector privado y de la población en general. Se convoca a mesas y no se les da respuesta, subrayó Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos.
Diálogo, bien visto
La implementación de mesas de diálogos no se enfoca exclusivamente a los diversos focos de conflictividad social. Actualmente está en marcha el Diálogo Nacional para consensuar reformas constitucionales al sector justicia. Este proceso, a pesar de los sinsabores que han dejado otros procesos similares en el pasado, ha generado expectativas entre diversos sectores sociales, quienes le dan el beneficio de la duda.
El Magistrado de Conciencia comenta que los diálogos se han extendido en otros temas como la Ley Electoral y las reformas al sector justicia, lo cual ha demostrado que el camino correcto para solucionar los problemas de la nación es por medio de la discusión, pero es importante que estos esfuerzos den frutos. Se necesita un diálogo con resultados, enfatiza De León Duque. Hasta el momento se han hecho 250 propuestas por escrito, y uno de los puntos que tiene opiniones encontradas es la eliminación del antejuicio para los funcionarios públicos.
Víctor Gálvez Borrel, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, considera factible y beneficioso el diálogo que se estableció para estas reformas constitucionales que se planean llevar a cabo, debido a que fueron consensuadas con diversos sectores.
Por tener una gran cobertura puede ser satisfactorio, porque otros diálogos no han tenido la importancia mediática y nacional, eso quizá sea un punto particular. Hay sentimiento de frustración cuando no se logran acuerdos, esto porque las expectativas son muy altas, pero este es el riesgo de todo diálogo, no se puede dar certeza o seguridad, subraya Gálvez Borrel.