Gonzalo Marroquín Godoy
Es interesante ver cómo la sociedad guatemalteca muestra su enorme sorpresa con todas las noticias sobre corrupción que el Ministerio Público y la CICIG están sacando a luz… ¡nuevamente!
Digo nuevamente, porque si bien es cierto que hacía falta conocer los detalles, el alcance, la totalidad de los implicados, y las mecánicas utilizadas, casi todo lo que ha salido a luz se sabía con anterioridad por denuncias de la prensa o los secretos a voces que circulan en corrillos del Palacio Nacional, la Casa Presidencial, el Congreso, en la SAT y cúpulas empresariales, o hasta en los tribunales de justicia y otras dependencias del Estado.
Aunque es cierto que la lucha contra la corrupción está de moda en muchos países, creo que es Guatemala el que más agresividad muestra en estos momentos, porque las investigaciones que se están llevando a cabo han alcanzado a gobernantes —en aquel momento—, exfuncionarios de alto nivel, diputados y exdiputados, empresarios, alcaldes y exalcaldes, sin dejar a un lado a empresarios menores y funcionarios o particulares de menor influencia.
Se puede ver con absoluta claridad que el nivel de corrupción que se ha alcanzado rebasa incluso lo imaginable. Es insólito comprobar que muchos de los hoy detenidos o en proceso de serlo, pensaron que tenían tanto poder que no los alcanzaría nunca el brazo de la justicia.
Por eso Roxana Baldetti y Otto Pérez no se midieron en compras de bienes, los superintendentes de la SAT hacían y deshacían a su sabor y antojo, y los presidentes del Congreso —porque no son solo uno o dos— y sus juntas directivas se servían con la cuchara grande plazas fantasmas, como si el presupuesto del Organismo Legislativo les perteneciera. Los empresarios han evadido el fisco y reclamado IVA con exportaciones inexistentes, y lo hacían cada vez de manera más burda. Todos ellos ahora pagan los platos que rompieron.
El escándalo de TCQ se denunció desde el inicio paso a paso. Se dijo que había intereses creados, que apestaba a corrupción, que no se dieron los pasos legales correctamente, y hasta que los sindicalistas estaban involucrados en el negocio sucio. Se siguió adelante, y ahora el escándalo se abrió hasta con los detalles del monto del soborno y los nombres precisos de los implicados.
Igual sucedió con el famoso caso del agua mágica de Amatitlán. Fue tanto el cinismo de Baldetti, que hasta se burló de los periodistas por estar en contra del negoción. El caso de La Línea es la continuación de aquel otro famoso caso que nunca se terminó de destapar en la época de Álvaro Arzú, el de La Red Moreno, que apenas se medio alborotó, aunque se presentó como un gran golpe contra el contrabando.
Las estructuras criminales han seguido operando dentro del Estado, aunque ahora hay quien las persiga. Esa es la diferencia. Antes se decía, se denunciaba, se especulaba, pero no pasaba nada. Ahora, las cárceles están rebozando de todos los funcionarios y empresarios que se pensaba que seguirían burlándose de la justicia.
La lucha; por supuesto, continuará, porque el sistema corrupto y la clase política que lo ha propiciado no quieren que desaparezca. El problema es que lo que antes fue noticia a medias o parcial, lo que medio mundo sabía, pero no existían pruebas, ahora está llegando a los tribunales con lujo de detalles para que más tarde vengan los procesos judiciales y, esperamos, las sentencias condenatorias.
Lo que es impresionante, es ver cómo el poder nubla la visión de las personas. Así como Pérez y Baldetti pensaron ser intocables, personajes mediocres, como Luis Rabbé, se ufanaban de su poder e incluso llegaron a desafiar al MP y CICIG. No hay que olvidar que el tema de las plazas fantasmas ya había saltado a la palestra con Pedro Muadi y su pandilla, a pesar de esto, Rabbé y la suya —así como otros directivos—, aún se atrevieron a hacer nombramientos para cuando dejaran la junta directiva del Congreso.
El que puede no salir tan bien librado como cree, es el actual presidente del Legislativo, Mario Taracena, porque no hay que olvidar que ya reconoció que él también tuvo ciertas plazas a su cargo, lo que al ser investigado podría mostrar que se trata también de plazas fantasmas y, aunque sea en menor grado, por el número de contratados, el delito termina siendo el mismo. Reconocerlo no lo hace inocente. Al contrario, invita a la investigación.
No sorprenden los casos destapados. Sorprenden los montos y actitudes de los funcionarios. Indigna el descaro con que han actuado. Ahora se siente un clamor de ir más atrás en la investigación de gobiernos anteriores. ¿Qué sorpresas se podrían encontrar si se investigan las privatizaciones, por ejemplo?