El martes 25 de mayo de 1993 se principió a vivir una de las semanas más críticas en la historia política de Guatemala. El presidente Jorge Serrano Elías, eufórico y autoritario, anunciaba el rompimiento de la Constitución, la disolución del Congreso y las cortes —Suprema y de Constitucionalidad—. La respuesta generalizada fue el rechazo, y el resultado, su huida al exilio
Era el año 1993 y principiaba el tercero de la administración del presidente Jorge Serrano Elías. Para el mes de mayo, el ambiente que se vivía era de ingobernabilidad, con conflictividad social, opacidad en el Gobierno, confrontación institucional entre los poderes del Estado, y un gobernante autoritario e intolerante afanado por el poder.
El año principió mal para Serrano —antiguo predicador evangélico—, quien el 21 de enero fue sorprendido en Nueva York en el club Stringfellows, atendido por mujeres en topless. La escena de su salida escondiendo la cara fue captada por el noticiero Univisión, al que horas después involucró en una supuesta conspiración en su contra.
Ese acontecimiento influyó seguramente en lo sucedido en mayo, porque el gobernante confrontó desde entonces a todos los sectores y cada vez parecía más aislado. Varios de sus ministros de Estado amenazaban con renunciar, y el barco navegaba a la deriva. Sin embargo, las elecciones municipales de marzo alimentaron su soberbia y prepararon el escenario para una crisis sin precedente.
En la mañana del martes 25 de mayo convoca a una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos del Palacio Nacional, en donde, junto al alto mando militar y sus más cercanos colaboradores, anuncia el rompimiento del orden constitucional, suprime al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, y la Corte de Constitucionalidad, además de eliminar derechos, entre ellos, la libertad de expresión y de prensa, contenida en el artículo 35 de la Constitución. Ordena la censura de los medios, labor que queda a cargo de Roxana Baldetti Elías, quien ahora guarda prisión por actos de corrupción en el ejercicio de la Vicepresidencia de la República.
Serrano piensa en aquel momento que recibiría apoyo de la población, pero el autogolpe de Estado recibe de inmediato el rechazo generalizado de parte de la mayoría de sectores organizados, desde el CACIF, los sindicatos, iglesias, organizaciones populares y académicas, que de inmediato exigen su renuncia.
Una semana antes había comentado que él era como un ajedrecista que juega en 20 tableros simultáneos, con capacidad de superar crisis, porque, según él, es un guerrillero de la política. Ni lo uno, ni lo otro. Los militares, que en un principio respaldaron su movimiento golpista, se dan cuenta de que no existe suficiente respaldo como para mantener al gobernante. Su situación se hace desesperada y en pocas horas empieza a notar que el naufragio es inminente.
La prensa independiente se resiste a la censura. El diario Siglo Veintiuno, entonces dirigido por el periodista José Rubén Zamora, no solo evade la censura de Baldetti, sino que sale a circulación bajo la cabecera de Siglo Catorce, y los espacios noticiosos censurados con manchas negras. El diario La Hora sale a las calles con el apoyo de grupos sociales, encabezados por la premio nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. El tiempo estaba contra el aprendiz de dictador, como le llamó la prensa. El impacto es gigantesco.
Aumenta la presión
El golpista Serrano nombra una nueva Corte Suprema, encabezada por su exministra de educación, María Luisa Beltranena Padilla, quien también es repudiada por la sociedad civil.
El sábado 29 de mayo arriba al país una misión especial de la OEA, encabezada por su secretario General, Joao Baena Soares, quien en compañía de varios cancilleres latinoamericanos se entrevista con el mandatario en el Palacio Nacional para demandar que se respete la Constitución. La comunidad internacional no acepta los acontecimientos que se producían con rapidez.
La Corte de Constitucionalidad (CC) sale en defensa de la institucionalidad y conoce el caso. Su presidente, Epaminondas González Dubón, anuncia que no se dejarán intimidar por las acciones inconstitucionales que dicta el Presidente. El cerco se cierra. El sector civil crea la llamada Instancia Nacional de Consenso, la cual exige la renuncia de Serrano Elías.
La resolución de la CC es tajante en declarar inconstitucional todo lo actuado y, a partir de ese momento, es cuestión de tiempo encontrar una salida dentro del marco legal.
Para el día domingo 30 de mayo, Serrano se sabe aislado y debilitado. Ese día, su personal de confianza procede a destruir los archivos presidenciales y de la primera dama. Ya los rumores de su salida son más que fuertes. En un intento por rescatar su mandato, intenta que el Congreso se reúna y vuelva a funcionar, pero con el fin de que le concedan una amnistía política y siga en el cargo.
La prensa de la época reporta una vergonzosa noticia: Serrano ofreció entre Q100 mil y Q150 mil a cada diputado para que reinstalaran el Congreso y aprobaran una amnistía para él, consignó más tarde la revista Crónica.
Ni siquiera el desprestigiado Congreso cae en la tentación, porque veían que la causa de Serrano ya estaba perdida.
El Ejército, acostumbrado a ser protagonista político en el país, reacciona finalmente, y los comandantes de base de todo el país llegan a la capital a exigirle la renuncia al Presidente. Solo unos pocos ministros y funcionarios le apoyan.
Incluso embajadores, como Edmond Mulet y Federico Urruela, se niegan a defender al gobierno golpista en Washington y Ginebra respectivamente.
En medio de ese descalabro llega el martes 1 de junio. Con ayuda de radiopatrullas de la Policía Nacional, Serrano intenta integrar al Congreso, pero necesita 77 diputados y únicamente congrega a 47, que no pudieron devolver la institucionalidad en la forma que pretendía el golpista gobernante.
Serrano se refugia entonces en Casa Presidencial en compañía de Beltranenta de Padilla, su vicepresidente Gustavo Espina, y unos pocos colaboradores menores. En una situación desesperada, solicita asilo político a México, España, El Salvador y Panamá. Los dos primeros países se lo niegan, pero no así el gobierno panameño que lo recibe con los brazos abiertos.
Mientras, en el Palacio Nacional, el ministro de la defensa, José Domingo García, que inicialmente respaldó el golpe, cambia de partido y encabezaba una conferencia en la que se anuncia que se retorna a la constitucionalidad y que la CC declara vacante la Presidencia, y Espina debe asumir el cargo. En cuestión de horas, su propio Estado Mayor le saca a la fuerza de Casa Presidencial y por la vía aérea salía del país, sin poder, pero con suficientes recursos económicos para iniciar un exilio dorado que persiste hasta la fecha.
El desenlace fue que Espina asume, pero de inmediato es presionado para renunciar, y luego el Congreso elige al entonces procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, para terminar el período constitucional. Más tarde se dará una reforma constitucional, que recortó el período a cuatro años, y facilitó a la vez la depuración del Organismo Legislativo.
Marta Altolaguirre, abogada constitucionalista y columnista de Crónica, en la época escribió, a manera de epílogo, lo siguiente: Como un trueno salido del cielo, el castigo recayó en Jorge Serrano y en quienes respaldaron su decisión de romper el orden constitucional. Tuvo que abandonar el poder sacado por el propio pueblo que lo eligió.