La policía nicaragüense asedió este lunes las viviendas de una veintena de adversarios del gobierno de Daniel Ortega, en la víspera del lanzamiento de una coalición opositora, denunciaron fuentes políticas.
«El régimen teme una escalada de protestas ante la unidad de estos sectores que aglutinan fuerzas en la población», afirmó a la AFP Ivania Álvarez, de la directiva de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Álvarez dijo que la policía colocó conos frente a su casa en el municipio de Tipitapa, norte de la capital.
Según la oposición, la policía mantiene sitiadas al menos 20 casas de opositores, entre ellos Jaime Arellano, quien convocó una marcha para el martes en Managua para exigir al gobierno la despenalización de las protestas, una medida tomada por el gobierno de Ortega para frenar las manifestaciones en su contra de 2018.
«Que el mundo sepa lo que está pasando, no solo somos nosotros (los asediados), esto lo padece gran parte de los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con la dictadura», dijo Arellano, cuya casa está rodeada por policías desde el fin de semana pasado.
«Más de 20 casas de líderes periodistas y abogados asediados por la dictadura», dijo la dirigente opositora Azahálea Solís en Twitter.
Los actos de intimidación policial se producen antes del lanzamiento el martes de una coalición opositora con la UNAB, la Alianza Civil por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el movimiento campesino.
La coalición pretende agrupar a los sectores que buscan enfrentar al partido de Ortega en las elecciones del 2021.
La oposición acusa a Ortega de gobernar de manera autoritaria y de reprimir con violencia las protestas de 2018, que según grupos humanitarios dejó al menos 328 muertos.
Entre las viviendas afectadas por el asedio policial están la del dirigente opositor José Pallas; el vocero de la UNAB, Josué Garay; el periodista independiente Emiliano Chamorro; y los padres del cronista deportivo Miguel Mendoza.
Otros afectados son el activista y excarcelado político Byron Estrada, quien señaló que el asedio «infringe el derecho constitucional a la libre movilización».