El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó al expresidente Evo Morales a postularse al Senado, alegando que no cumple el requisito de «residencia permanente» en la jurisdicción del país a la que busca representar, una decisión repudiada por el líder indígena y celebrada por sus adversarios.
Las candidaturas al Congreso de Morales, de quien fuera su canciller, Diego Pary, y del líder de derecha Mario Cossío, fueron inhabilitadas «por no cumplir con el requisito de la residencia permanente» en los últimos dos años en las regiones de Bolivia por las que se postulaban, dijo el titular del TSE, Salvador Romero, en rueda de prensa.
Morales aspiraba a una banca por el departamento de Cochabamba (centro), región que alberga el territorio cocalero del Chapare, su bastión político. Sin embargo, residió durante los últimos 14 años y hasta su renuncia en La Paz, sede del Poder Ejecutivo.
El expresidente dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de fuertes manifestaciones en protesta por su cuestionado triunfo el 20 de octubre, en elecciones en las que observadores externos constataron irregularidades.
En medio de una convulsión social y la falta de apoyo de la policía y los militares, Morales se asiló tras su renuncia en México y un mes después se trasladó a Argentina, donde actualmente se encuentra como refugiado.
Luego de que el tribunal difundiera su decisión, Morales escribió en su cuenta de Twitter desde Buenos Aires: «La decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe a la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS (Movimiento Al Socialismo)».
Satisfacción y alerta opositora
Su principal rival, el expresidente Carlos Mesa (centro), tuiteó que el TSE «aplicó correctamente la Ley y la CPE (Constitución) al inhabilitar a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargos electivos. @evoespueblo, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses».
Días antes de la decisión del TSE, el poderoso Comité Cívico Pro Santa Cruz, entidad de derecha radical, amenazó con decretar una huelga nacional si Morales era habilitado. Un grupo de activistas afín a esa entidad realizó el miércoles una concentración con el mismo pedido ante la sede del tribunal electoral de Santa Cruz, la región más desarrollada de Bolivia.
El líder civil de derecha radical que encabezó las protestas contra Morales entre octubre y noviembre, Luis Fernando Camacho, celebró en Twitter: «La inhabilitación de Evo solo salió porque pusimos presión en las calles». Luego, advirtió que «la verdadera amenaza es que el MAS gane la mayoría en el Congreso y posiblemente la presidencia en primera vuelta».
Los dirigentes del MAS, como la presidenta del Senado, Eva Copa, consideran que hay el propósito de perjudicar la candidatura de su partido.
Sin embargo, Romero agregó ante la prensa que la corte electoral «desestimó, por falta de fundamento, las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce», candidato a la presidencia por el partido de Morales.
En ese sentido, consideró que el postulante «cumplió con los requisitos de habilitación».
Arce lidera la intención de voto con 31,6%, según un reciente sondeo de opinión del grupo Ciesmori, seguido del expresidente centrista Carlos Mesa (17.1%). La presidenta transitoria Jeanine Áñez (derecha) marcha tercera, con el 16.5%.
Además de negar la candidatura a Morales, el tribunal inhabilitó a Pary, que buscaba representar a Potosí, y a Cossío, que aspiraba al Congreso en representación de Tarija, de la que en el pasado fue gobernador.
Igualmente, el tribunal imposibilitó a Jasmine Barrientos, que buscaba la vicepresidencia por el Frente Para la Victoria, del pastor evangélico de Chi Hyun Chung.
Tanto Cossío como Barrientos son opositores a Morales.
Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el 3 de mayo, tras la anulación de los comicios de octubre luego de que una misión de la OEA hallara irregularidades que favorecieron a Morales. El miércoles, la fiscalía de La Paz abrió un proceso penal contra el exmandatario y colaboradores cercanos por «fraude».